Por: Redacción

Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se pronunció por cambiar el presupuesto considerado por el Ejecutivo federal para los pueblos y comunidades autóctonos y planteó no aceptarlo por la discriminación que preserva en la distribución de los recursos económicos.

Al participar en el “Foro Nacional sobre Presupuesto 2017 para Pueblos Indígenas”, el diputado oaxaqueño afirmó que los indígenas mexicanos requieren una atención especial en tiempos de dificultades económicas como los actuales; además, es necesario “romper el desdén en el trato secundario otorgado en la propuesta de presupuesto”.

Se comprometió a redireccionar los recursos y concluir la negociación de forma razonable, así como hacer el mejor esfuerzo para que las condiciones cambien “y se logre un presupuesto decente, ya que el indígena es el pobre de los pobres y necesita un trato especial. Se debe terminar con la discriminación en la que todavía se encuentra”.

Urgió al gobierno federal a replantear los esquemas y políticas públicas para atenderlos y romper la discriminación que sufren los indígenas desde 1492, con la llegada de los españoles a estas tierras. “Una conquista cruenta y férrea. Llegaron con la cruz por delante y la espada por atrás, hundiendo en la esclavitud (a esta población) por 300 años”, señaló en referencia a la conmemoración del Día de la Dignificación de los Pueblos Indígenas, este 12 de octubre.

Destacó que, en el centro del poder, el trato hacia los indígenas sigue siendo difícil, porque la discriminación la fomentan directamente los gobernantes. Convocó a unir esfuerzos para cambiar el presupuesto indígena. “No podemos aceptarlo y nos negamos rotundamente a aprobarlo tal y como se presentó”.

Durante la inauguración del foro de análisis presupuestario, el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (PRI), garantizó que en la negociación del presupuesto 2017 pugnarán por otorgarles un “trato digno y justo. No pedir dádivas, sino lo que se requiere”, mediante la reasignación de fondos a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), con la cual se asegura que lleguen realmente los recursos.

“Si no somos capaces de defender lo que en derecho les corresponde, lo demás se quedará sólo en buenas intenciones, ya que no se puede dar trato igual a desiguales y tampoco se puede dar menos a quienes más lo necesitan”, resaltó.

Por lo menos, dijo, se buscará lograr el mismo nivel de recursos que los aprobados para este 2016, es decir, 85 mil 260 millones de pesos, ejercidos de manera transversal por quince dependencias federales. Prioritariamente, en apoyo a las mujeres originarias.

Aseguró que “los pueblos indígenas tenemos futuro y seguiremos trabajando”. Pidió unidad de las comunidades y dio la bienvenida a las propuestas para atender y resolver necesidades y terminar con los abusos que históricamente se han registrado en contra de esta población.

La diputada Karina Barón Ortíz (PRD), presidenta de la Comisión Especial de seguimiento al Programa Especial Concurrente Anexo 11.1, convocó a hacer el máximo esfuerzo en unidad y dejar de lado los colores partidistas, para reforzar el presupuesto indígena ante el “doloroso recorte”.

Se pronunció por que el gobierno tome conciencia y haga los recortes en gastos suntuarios, de operación y de vestuario, pero no en el campo ni a los pueblos autóctonos, porque sus actividades y presencia se vinculan con la paz social del país.

Sostuvo que no se deben conformar con negociar recursos similares a los logrados este 2016. Llamó a exigir para el campo e indígenas atención presupuestal prioritaria porque “no se les puede robar su dignidad”, subrayó.

La legisladora perredista, Araceli Madrigal Sánchez, resaltó que “no se pide una limosna ni dádivas” para los indígenas del país al no aceptarse el recorte presupuestal. Urgió a establecer una perspectiva de género, porque son las mujeres indígenas las que más sufren la pobreza y marginación.

Afirmó que el paternalismo y los programas asistencialistas han impedido sacar de la marginación a esta población, la cual requiere educación, servicios de salud y oportunidades de trabajo para abrir caminos de progreso, por lo cual debe pugnarse por un presupuesto digno y justo.

Por Morena, la legisladora Modesta Fuentes Alonso subrayó que las diferencias partidarias no impiden luchar por un presupuesto digno para los indígenas del país.

La diputada de Chiapas, Cecilia López Sánchez (PVEM), mencionó la pobreza, las carencias económicas y la falta de oportunidades que sufren los pueblos y comunidades originarias, por lo que convocó a alzar la voz y rechazar el recorte presupuestal para 2017. “Si no estamos presentes de forma digna en el presupuesto no se considera a los indígenas como ciudadanos mexicanos”, advirtió.

Larisa Ortiz Quintero, representante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI), sostuvo que el recorte por mil millones de pesos al Anexo 10, destinado a este sector, es una ofensa para la dignidad de los pueblos autóctonos, ya que se ejerce “una discriminación de Estado”, acrecentándose la deuda histórica que no se termina de pagar a esta población.

Se pronunció por un presupuesto con perspectiva de género e intercultural. Afirmó que no se acepta el despojo del que siempre han sido víctimas. El presupuesto no es de una institución, sino de los ciudadanos, que contribuyen con su trabajo a sostener la economía del país.

Carlos de Jesús Alejandro, representante de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), convocó a un frente común de las diversas organizaciones autóctonas, más allá de posiciones políticas e ideológicas, para que en unidad luchen por un presupuesto suficiente y hacer causa común para enmendar “el brutal recorte”.

Solicitó revertir la discriminación de Estado, que se manifiesta a través de la reducción de recursos. Rechazó el clientelismo, el chantaje y el ajuste por más de 10 mil millones de pesos. Lamentó que las 15 dependencias federales que manejan presupuesto para atender a los indígenas no transparenten su ejercicio ni rindan cuentas, por lo que propuso blindar el gasto.