Por: Redacción/

El Programa de Comedores Comunitarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal no cumple con gran parte sus objetivos, concluye un estudio realizado por el doctor Manuel Lara Caballero, jefe del Departamento de Procesos Sociales en la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y presentado durante el Primer Coloquio de Cuerpos Académicos y Áreas de Investigación de Gestión y Política Pública.

Durante la actividad organizada por la Unidad Cuajimalpa de esta casa de estudios, el académico ofreció los resultados del trabajo Evaluación del diseño e implementación del programa de Comedores Comunitarios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. El caso de estudio de Santa María Atarasquillo, Lerma, cuyo objetivo fue realizar una evaluación preliminar del diseño y la implementación de este proyecto con la finalidad de plantear algunas recomendaciones para su mejoramiento.

El análisis se basó en el funcionamiento de algunos elementos de este esquema aplicado a la comunidad de Santa María Atarasquillo, en Lerma, Estado de México, tales como el padrón de beneficiarios y los mecanismos de atención, puntualizó el investigador.

En términos de política pública es muy importante que estén bien definidos los criterios de selección de los beneficiarios que van a recibir el apoyo, ya que en el análisis se pudo detectar que los lineamientos de operación del plan no cuentan con la información que permita conocer con precisión la demanda total de ayudas y las características de los solicitantes, además que no se precisa hacia dónde se va a focalizar, más allá de que se trate de zonas de atención prioritaria.

También se observó el proceso en que se llevó a cabo la formación y la operación del comité comunitario, pues en teoría el programa busca impulsar la participación ciudadana colaborando en la operación.

La comunidad de Santa María Atarasquillo cuenta con un comedor comunitario y un comité ciudadano que no está conformado como debería pues sus miembros no fueron elegidos democráticamente en una asamblea general, además de que nunca se ha informado a la colectividad acerca de los avances del plan comunitario, lo que en términos generales contraviene las reglas de operación del programa.

El órgano está integrado, dijo, solo por la presidenta, la secretaria y la tesorera. No hay vocales de comisión de trabajo ni de control y vigilancia. Sus miembros incluso dijeron no haber participado nunca en obras y acciones de los beneficios sociales.

El programa tampoco cumple con las principales características propuestas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en materia de diseño, lo que perjudica su implementación. No existen criterios mínimos para la selección de los beneficiarios y los mecanismos de control y evaluación son nulos por parte de las autoridades y/o el Comité Comunitario.

También se estudiaron los criterios aplicados para la ubicación e infraestructura de los Comedores, tomando en cuenta que el Programa busca facilitar apoyos alimentarios para los individuos que se encuentran en situación de pobreza extrema y que no tienen acceso a una buena nutrición.

Para ello se analizaron temas como la justificación y la creación del programa, que tiene que ver con aspectos como si está identificado el problema social que van a atender, si contribuye a las metas y estrategias nacionales, si tienen una población potencial objetivo y sus mecanismos de elegibilidad, padrón de beneficiarios y formas de atención, si hay una matriz de indicadores de resultados que les permitan dar seguimiento y detectar si están contribuyendo con las metas que se establecen, presupuesto y rendición de cuentas, y complementariedad con otros proyectos.

Si bien la percepción de los beneficiarios en Santa María Atarasquillo sobre la ubicación e infraestructura del Comedor Comunitario es positiva, el análisis indicó que existen importantes áreas de mejora.

El Programa de Comedores Comunitarios de la Sedesol fue puesto en marcha en 2012 por el actual gobierno federal para atender al 9.8 por ciento de mexicanos que en ese entonces se encontraban en una situación de pobreza multidimensional extrema; es decir, que padecían tres o más carencias sociales y su ingreso no les alcanzaba para cubrir la canasta alimentaria propuesta por el Coneval.