Por: Redacción/

A un año de que se realizó el 10 Décimo Parlamento de las Niñas y Niños de México, los avances reales son nulos e incluso se volvieron retrocesos debido a la ineptitud del gobierno federal de Enrique Peña Nieto para hacer realidad las conclusiones y demandas de dicho encuentro, así como para frenar la creciente violencia generalizada entre cuyas principales víctimas está este sector de la población, señaló el diputado federal perredista Rafael Hernández Soriano.

El también secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, organizadora de aquel Parlamento entre el 13 y 17 de febrero de 2017, destacó que tan grave se tornó la situación que en México es un peligro ser niña, niño o adolescente.

Argumentó este punto de vista al señalar que, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revela que nuestro país está entre los primeros lugares en cuanto a abuso sexual, difusión de pornografía infantil, embarazo de adolescentes, obesidad y diabetes infantil, y acoso o bullying escolar.

Y ello es así -dijo Hernández Soriano- porque por un lado el Congreso de la Unión aprueba leyes para beneficio de este sector, pero los aliados del gobierno en el mismo Congreso disminuyen o desaparecen presupuestos destinados a que esas leyes se traduzcan en acciones reales, mientras el mismo gobierno recorta o desvía lo escasamente aprobado, como sucede en este 2018, de modo que a final de cuentas poco o nada se hace de lo mandatado.

El legislador del Sol Azteca precisó que aun cuando el Anexo 18 (Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes) del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 aumentó en promedio cuatro por ciento, 22 de los 61 programas que lo conforman disminuyeron, uno desapareció y siete quedaron igual en términos nominales, lo que significa disminución en términos reales por el impacto inflacionario y salarial.

Pero además de esta disminución presupuestal derivada de lo que propone el gobierno federal de Peña Nieto y el aprueban sus aliados en la Cámara de Diputados -dijo Rafael Hernández-, el propio gobierno luego lo desvía o disminuye en la práctica, de modo que no hay recursos para prevenir y revertir la violencia hacia la infancia y la adolescencia ni para concretar las conclusiones y demandas del Décimo Parlamento Infantil.

Recordó que en su Declaratoria final de este encuentro hace un año, los parlamentarios infantiles y juveniles demandaron, entre otras acciones, castigo para secuestradores y asesinos de niñas y niños, así como talleres para padres con psicólogos y pláticas en escuelas públicas y privadas sobre causas y consecuencias de embarazos a temprana edad.

Hoy, sin embargo, México ocupa el primer lugar en abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes y primer lugar en pornografía y turismo sexual infantiles, así como en embarazo de adolescentes. Conforme al promedio de los últimos años, en los pasados 12 meses 216 mil niñas fueron víctimas de un delito sexual, la mitad de ellos perpetrados en el hogar y cometidos por un familiar o conocido.

También conforme al promedio registrado entre 2011 y 2015, es previsible que diariamente hayan sido asesinados por lo menos tres niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años porque el nivel de violencia en el país se ha incrementado en términos generales y los presupuestos para proteger a este sector han disminuido, advirtió Hernández Soriano.

“De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), México tiene los presupuestos más bajos para combatir este grave problema y tan sólo el uno por ciento de los recursos para la infancia está destinado a la protección de los pequeños mexicanos contra la violencia, el abuso y la explotación, lo que evidentemente se tiene que revertir y cambiar”, concluyó el parlamentario perredista.