Por: Redacción/

La organización internacional Front Line Defenders manifestó su preocupación por aumento del acoso policial y actos de intimidación en contra de integrantes del Comité de Víctimas 9N de Cancún, Quintana Roo en el marco de las audiencias contra 14 policías acusados de violencia contra defensores, periodistas y manifestantes de las protestas en contra de la violencia de género del 9 de noviembre del 2020.

“El 4 de mayo de 2021 comenzó el juicio de 14 policías implicados en actos de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos, manifestantes y periodistas durante la protesta pacífica del 9 de noviembre de 2020 . Los elementos de la policía acusados se enfrentan a cargos por hacer uso de la violencia en contra de personas defensoras, periodistas y manifestantes durante la protesta en contra de los feminicidios y la violencia de género. Durante las semanas previas al juicio, el Comité de Víctimas 9N ha registrado un notable aumento en el número de incidentes incluyendo agresiones, amenazas, acoso policial y ataques en las redes sociales en contra de sus integrantes”, indicó la organización.

A pesar de la notificación de actos intimidatorios contra el Colectivo ante el Ministerio Público local, las autoridades de Cancún no han reportado ningún avance en las investigaciones. Asimismo, los activistas han reportado que elementos policiacos, así como civiles han tomado fotografías de la casa de una integrante del Colectivo sin su consentimiento.

“El 30 de abril de 2021, hubo reportes de que elementos de la policía estatal fotografiaron la casa de la defensora argumentando que era para ofrecer medidas de seguridad, a pesar de que ella se ha negado a recibir cualquier medida estatal de protecció”, agregó la organización.

Front Line externó que estos actos intimidatorios están relacionados con las acciones emprendidas por el Colectivo para garantizar la justicia, rendición de cuentas y no repetición de los hechos ocurridos el 9 de noviembre. Además, condenó la estigmatización del Colectivo y expresó su preocupación por la seguridad de sus integrantes.

El 9 de noviembre del 2020, se llevó a cabo un protesta por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado en el ayuntamiento de Cancún, Quintana Roo. Durante el desarrollo de la manifestación, aproximadamente 40 policías municipales de Benito Juárez dispararon al aire y al suelo para dispersar a los protestantes.

Asimismo, siete mujeres manifestante denunciaron ser víctimas de agresiones físicas por parte de la policía municipal al interior del Palacio Municipal después de haber sido detenidas. Cabe destacar que dos periodistas y una defensora de derechos humanos resultaron heridos de gravedad por los disparos de los policías.

“El Comité de Víctimas 9N es un colectivo de feministas, estudiantes, docentes y víctimas de violencia que nace a partir de la búsqueda de justicia por los hechos de represión policíaca ocurridos en las protestas contra la violencia de género y los feminicidios el 9 de noviembre de 2020 en Cancún, Quintana Roo. Está conformado actualmente por 10 mujeres y 3 hombres quienes por más de cinco meses han buscado que se garanticen sus derechos como víctimas, incluyendo el esclarecimiento de responsabilidades, el acceso a la justicia y garantías de no repetición”, apuntó la organización.

En ese sentido, la organización internacional subrayó que, desde la protesta, las víctimas han sufrido actos intimidatorios por parte de las autoridades, tales como circular por los alrededores de sus casas, toma de videos y fotografías, así como seguimientos en sus trayectos cotidianos.

Por ello, la ONG pidió a las autoridades mexicanas garantizar una investigación imparcial sobre estos hechos y el acceso a las justicias las víctimas de agresiones durante la manifestación social.

También, solicitó sancionar a los culpables, así como adoptar las medidas necesarias para proveer la integridad física y psicológica de las víctimas, familiares y representantes legales.

“Se debe garantizar que las y los defensores de derechos humanos en México puedan continuar sus actividades de derechos humanos sin temor a represalias y sin restricciones, incluyendo el acoso judicial o policial”, finalizó la organización.