Por: Redacción/

La información permite a las personas con discapacidad exigir que se cumplan los compromisos del Estado para garantizarles el disfrute de sus derechos e incidir en la toma de decisiones, por lo que es necesario romper las barreras de la comunicación para que todos los núcleos sociales gocen del derecho a saber, afirmó Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Durante el taller de Profesionalización de los Servicios de Interpretación en Lengua de Señas Mexicana en el ámbito jurídico, la Comisionada apuntó que el derecho a saber puede permitir a las personas sordas contar con información para conocer el uso y el ejercicio de otros derechos.

“Gracias a este derecho, se puede saber que existen programas sociales enfocados a esta población, las acciones que deben realizar las autoridades para garantizar la accesibilidad; los ajustes razonables en los servicios de salud; las instituciones que tienen contratadas personas con discapacidad, y si existen centros para el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana, entre otros”, subrayó.

Al participar en el panel “El derecho humano al acceso a la información. La interpretación en los procesos político electorales y de participación ciudadana”. Ibarra Cadena destacó que, en el país, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018, aproximadamente 7.2 millones de personas reportaron vivir con alguna discapacidad y, de ellas, alrededor de 1.3 millones reportaron discapacidad auditiva.

En ese sentido, reconoció que la interpretación de calidad en Lengua de Señas Mexicana, con intérpretes especializados y con una formación sólida, es la vía principal para el ejercicio de derechos de las personas sordas.

Destacó que el acceso a la información es un derecho humano y un componente clave para ejercer otros derechos, por ejemplo, el de la libertad de pensamiento y el de la libertad de expresión.

En ese sentido, consideró que es un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática y transparente, y para lograr ejercicios ciudadanos que exijan mayores cuentas a las autoridades.

En el panel participaron Alejandro David Avante Juárez, Magistrado de la Sala Regional Toluca del TEPJF; Gabriela Williams Salazar, Consejera Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y Yessica Báez Benítez, Directora de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, como moderadora.