• La MCO manifestó su preocupación por los efectos diferenciados de las violaciones a los derechos humanos en mujeres y menores de edad de la región. Esta población presentó  impactos psicosociales y presentó carencias de los mínimos vitales para una vida digna.

Por: Oscar Nogueda/

La Misión Civil de Observación, compuesta por 17 organizaciones nacionales e internacionales, documentó  una situación crítica de vulneración de los derechos humanos  en las regiones chiapanecas del Norte, Altos y la Costa, así como una falta de voluntad de las autoridades mexicanas para atender esta emergencia.

“La MCO tuvo la oportunidad de visitar las comunidades de Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá, donde recogimos testimonios con personas afectadas por situaciones de desplazamiento forzado, despojo de tierras, detenciones arbitrarias, tortura, hostigamiento, amenazas, criminalización, entre otras agresiones. Por otro lado, también se llevaron a cabo reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno para conocer el seguimiento que están dando a las diferentes problemáticas”, señaló la Misión.

Las organizaciones manifestaron su preocupación por los  efectos diferenciados de las violaciones a los derechos humanos en mujeres y menores de edad de la región. Esta población presentó  impactos psicosociales y carencias de recursos mínimos vitales para una vida digna.

Asimismo, registraron una falta de alimentos, servicios médicos y medicamentos, lo cual se agrava por las pocas condiciones de seguridad, acceso a la justicia y la existencia  de los grupos paramilitares de la región.

“Estas situaciones se agravan por la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que agreden a las comunidades y que implican un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos. En ese sentido, también destacamos las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras y de ayuda humanitaria”, apuntó la Misión.

Por otro lado, los integrantes de la MCO sostuvieron que las autoridades de los tres órdenes de gobierno no muestran voluntad para atender las violaciones de derechos humanos cometidas, así como trivializan, discriminan  y criminalizan a las comunidades afectadas.

“Esto se suma un claro problema de falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aun cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados. También hacemos un llamado para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia de las agresiones sistemáticas a las comunidades de Aldama”, externó la Misión.

Al término de la jornada de observación, las organizaciones tuvieron una reunión con representantes gubernamentales, sin embargo, no se lograron  acuerdos para garantizar la vida y dignidad de las personas afectadas. Por último, llamó al Estado mexicano a cesar la falta de atención a las comunidades afectadas.