Por: MUGS Noticias

En la sesión de trabajo, efectuada en el salón Procuradores del edificio central de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González detalló que la protección de los derechos humanos en uno de los cuatro ejes transversales que rigen su gestión, y reiteró que la cooperación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos con el Gobierno de la República.

Con la visita del alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, enfatizó que un país que no respete los derechos humanos carece de un proyecto de Estado sólido y con futuro.

La Procuradora refrendó el compromiso de seguir adelante en la cultura de la protección de los derechos humanos, como política de Estado. En este sentido ponderó la reforma constitucional en la materia del 10 de junio de 2011; punto de inflexión en la realidad de nuestro país, sostuvo.

“Marco la pauta para diseñar e implementar políticas públicas con enfoque de derechos humanos”, dijo, como se desprende del renovado artículo 1° de la Constitución: todas las autoridades están obligadas, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Puso de relieve el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, el cual ha puesto en sintonía todas las acciones de gobierno y la implementación de políticas públicas eficientes, centradas en lograr la plena vigencia de los derechos humanos.

Adicionalmente, dijo antes de que termine el año se presentarán al Congreso de la Unión las iniciativas de la Ley General de Desaparición Forzada y de Tortura. “En tanto, desde el pasado miércoles 19 de agosto, durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, aprobamos los protocolos homologados para la investigación de casos de tortura y para la búsqueda de personas desaparecidas en toda la República”, informó.

Categórica manifestó que los proyectos de Estado de esta envergadura deben contar con un amplio margen de legitimidad, para que sean capaces de ofrecer soluciones integrales y prácticas ante las diversas problemáticas que se enfrentan en materia de derechos humanos. Ese es un compromiso fundamental de mi gestión, remarcó.

Por ello la Procuraduría General de la República reitera su disposición e interés en dar cumplimiento, en el ámbito de sus atribuciones, a las distintas recomendaciones en materia de Derechos Humanos de los Comités y Grupos de Trabajo vinculados a la oficina del Alto Comisionado.

“Reitero mi fiel compromiso para procurar justicia con respeto irrestricto a los derechos humanos, no quedando solamente al margen de lo que marcan los mínimos internacionales, sino a través de una actitud proactiva conciliadora y, como la propia naturaleza de estos derechos, progresiva”, finalizó.