Por: Montserrat Sánchez Maldonado
Con motivo de la exigencia por la libertad de la presa política Nestora Salgado, quien fuera Comandanta de la Policía Comunitaria del municipio de Olinalá en el estado de Guerrero, se llevó a cabo una mesa redonda, donde participaron Sandino Rivero Espinoza, abogado de la reclusa; Felicitas Martínez Solano, consejera de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC); Grisel Rodríguez Slagado, hija mayor de Nestora; Mardonio Carballo, periodista y activista en favor de los pueblos indígenas; Florencia Mercado Vivanco, abogada acompañante de la CRAC; y Gloria Muñoz Ramírez, periodista de Desinformémonos.
Durante la ponencia, la primera en tomar la palabra fue Grisel Rofríguez, quien externó su agradecimiento: “hacia todos los que nos están apoyando, a la gente de las movilizaciones sociales, a los abogados defensores con quienes paso a paso hemos mejorado las condiciones de mi mamá”.
Asimismo, señaló que “la recién decisión de la ONU- Organización de las Naciones Unidas-, legitimiza básicamente lo que hemos venido sosteniendo como familia, que mi mamá tuvo detención arbitraria e ilegal, por lo que la Organización demanda su liberación inmediata”.
La hija de la activista, también señaló que la Policía Comunitaria en el municipio de Olinalá tenía el único propósito de cuidar a su gente. “Fue la posición a la que nos orilló el gobierno al no garantizar la seguridad de la gente. El único delito de mi mamá fue defender a su pueblo y luchar por el derecho de vivir. Ahora está donde está y ella misma dice que no se rinde, que no se arrepiente, porque esta lucha es para poder vivir, porque en un mundo donde matan incluso bebés, es lógico que te tengas que defenderte”.
Por su parte, Rivero Espinoza narró como llegó a ser el abogado de la activista social, y comentó que “el equipo que asumió el caso de Nestora Salgado hace aproximadamente un año un mes, al llegar a su defensa ya habían pasado cuatro defensas anteriores, y al revisar el expediente de Nestora, nos encontramos con que ella tenía seis procesos penales, tres por el delito de secuestro, los cuales se dieron en el contexto de su actuación como integrante y coordinadora de la Policía Comunitaria”.
Destacó “que la ley estatal de Guerrero que es la Ley de Derechos y Cultura Indígena o mejor conocida como la Ley 701 de Guerrero, la prevén y la reconocen la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) y la Policía Comunitaria, dos instituciones que forman parte del sistema de seguridad pública del estado de Guerrero, que forma parte del derecho de la autodeterminación de los pueblos indígenas y que se reconocen en la constitución política”.
Además indicó que “en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, a la Policía Comunitaria le obedece el derecho a la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. Y la ley 701 permite que las comunidades indígenas del estado puedan conformarse como policías comunitarias, ejercer actos de seguridad pública y tener proyecto de reeducación en las cárceles comunitarias”.
El ahora abogado de la reclusa, declaró que en ese contexto, Nestora Salgado formaba parte de esta Policía Comunitaria y bajo el sistema normativo se pueden hacer detenciones de personas y llevarlas a las cárceles comunitarias, lo que legalmente se reconoce a nivel de derechos humanos, por lo que la Fiscalía General de Guerrero empezó a armar esas investigaciones, a criminalizar a la policía comunitaria y ejecuta una orden de aprensión en contra de Nestora Salgado, bajo el cargo de secuestro, el día 21 de agosto del 2013.
De igual manera, ahondó en que existen tres órdenes de aprensión que no le han notificado a Nestora; “legalmente no está detenida por esas órdenes, como ya se ha visto con algunos activistas, esto lo hacen con el objetivo de que si llega a salir libre, le notifiquen de las órdenes de las que no sabía y la puedan volver a meter a prisión. Una recae por el delito de secuestro; otra por homicidio que se refiere a un hecho que ocurrió tres días aproximadamente antes de que la detuvieran, ella se encontraba dando una conferencia de prensa, en Chilpancingo, la cual está documentada, y aun así le imputan un homicidio que no pueden comprobar las autoridades; la otra orden consiste en el delito de robo y privación de la libertad en contra de policías municipales, quienes estaban en estado de ebriedad y haciendo arrancones”.
“Hubo algunas veces que nosotros como familia nos preguntamos por qué la acusan de secuestro, y me explicaron que era un hecho que pasaba seguido en México, cuando acusas a alguien de secuestro, le quitas esa presunción de inocencia, la aíslas del apoyo de la gente, y es un patrón que ha utilizado el gobierno para muchos líderes sociales” menciona Grisel, al contenerse las lágrimas mientras habla de la injusticia de la que es víctima desde hace 31 meses su madre.
Por su parte, Florencia Mercado, explicó que el proceso de la ley 701, detalla que “la Policía Comunitaria desde 1995 comienzó con esta organización de seguridad y para 1998 incorporó labores de impartición de justicia y de reeducación, que consisten en reincorporar a los sujetos a la vida comunitaria, es decir, no está separado de la comunidad, ya que cuando se comete un delito no sólo se inculpa al sujeto sino a la comunidad y es una cuestión importante porque la organización ha reducido en más del 95% el índice de delincuencia en la región y para nosotros eso es más que suficiente”.
De igual manera, realizó un fuerte hincapié, en el aspecto de que de la libertad de Nestora Salgado también depende la libertad de otros compañeros, que son los que estaban en la casa cuidando a la gente que se encontraba en reeducación, como Bernardino García García, Ángel García, Abad Francisco, Florentino García y Benito Morales.
Gloria Muñoz, recordó que “Nestora Salgado no sólo era una mujer que buscaba mejores condiciones para su gente, sino que también es la madre de tres hijas, abuela de cinco nietas, hermana de 15 hermanas, hija, esposa, mujer, quien tiene 31 meses tras las rejas, y que no sabía el por qué de tanta saña, ya que “se empleó un operativo enorme de la armada del ejército para detenerla debido a que había secuestrado a 43 personas, es algo que no se puede creer”.
También mencionó que “en la cárcel ella le tiene miedo a la oscuridad, porque estaba en una celda totalmente oscura. Días posteriores todo el día y toda la noche estaba con la luz prendida, nadie podía hablar con ella, no tenía atención médica, no podían tocarla cuando la veían, preguntaba: ¿por qué tanta saña?. Ella, durante una entrevista, respondió que parte de esta saña era sin duda porque tocó los callos del gobierno…una red de pornografía infantil de trata de personas, cómo era posible ver a niñas y niños que operaban en Olinalá y quedarse callada, por eso piensa que está pagando, por invocarse mucho el gobierno”.
Durante el mes de mayo, recuerda Muñoz Ramírez que se inició una huelga de hambre para conseguir su traslado a la ciudad de México, en donde por lo menos le brindarían la atención médica que requería, y en donde lleva nueve meses recluida.
Asimismo, casi al finalizar su participación, tanto Muñoz como Carballo, realizaron una mención sobre Anabel Flores, periodista asesinada y encontrada en el estado de Puebla, lo que llevó a concluir la participación de Muñoz al decir que en México encarcelan luchadores sociales, desaparecen estudiantes y matan periodistas.
La mesa redonda concluyó con una serie de comentarios y preguntas del público que logró asistir al evento realizado en el Club de Periodistas ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
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