Por: Redacción/

El diputado Sergio López Sánchez propuso modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales y a la Ley de la Industria Eléctica, para prever que los proyectos de infraestructura hidráulica de los sectores público y privado, deberán atender los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar, especialmente los de consulta previa, agua, vivienda y alimentación, de conformidad con los estándares nacionales e internacionales.

El legislador del GPPRD señaló que desde 2003, numerosos pueblos y organizaciones sociales de México se han agrupado en el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) para denunciar y visibilizar las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos de los pueblos provocados por la imposición de proyectos, específicamente de presas.

Entre las denuncias resaltan: el desalojo y desplazamiento forzoso de más de 185 mil personas, la violación del derecho a la información y a la participación de los afectados; la violación del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas; el desmembramiento de los territorios ancestrales; el derecho a la vivienda y el derecho a conservar las formas tradicionales de vida.

“En la medida en que se pierde el acceso a los ríos, ya que la mayoría de las comunidades se dedican a la agricultura y la pesca –incluso para el autoconsumo– se generan violaciones a los derechos de acceso al agua, al trabajo y a la alimentación; además, cuando hay procesos de organización para resistir a la construcción de las presas, se han criminalizado la protesta social, lo que incluye reacciones violentas, hostigamiento a líderes y uso desproporcionado de fuerza pública del Estado”, argumentó el perredista.

El parlamentario oaxaqueño señaló que las grandes represas –aquellas cuya cortina mide 15 metros o que tiene más de tres millones de metros cúbicos de capacidad– han provocado un impacto socio-ambiental y han sido vinculadas a graves violaciones de derechos humanos; además de irreversibles daños a ecosistemas, ciclos de ríos y a la biodiversidad, así como a las comunidades que viven cerca de donde se construyen.

“Las grandes represas agravan el cambio climático y retardan la implementación de soluciones necesarias para lograr la transición energética que el planeta requiere. Sumado a esto, son excesivamente costosas y tardan mucho tiempo en ser operativas, por lo que resultan ineficientes para atender las crisis energéticas urgentes de los países. Las comunidades aledañas a las grandes represas, lejos de beneficiarse, se empobrecen con dichas obras”, agregó.

Cabe señalar que la Comisión Mundial de Represas (CMR) estimó que hasta el año 2000, las grandes represas habían desplazado entre 40 y 80 millones de personas a nivel mundial. Más recientemente, un estudio científico concluyó que 472 millones de personas en el mundo han sido afectadas directa o indirectamente por proyectos hidroeléctricos.

“Cuando estas situaciones afectan pueblos indígenas o tribales la vulneración de los derechos puede ser aún más grave, debido a la especial relación que éstos tienen con la tierra y sus recursos naturales. En estas situaciones pueden también violarse los derechos a la identidad cultural, e incluso a la supervivencia física de estos pueblos”, detalló el secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de ahí la importancia de que su iniciativa pueda ser aprobada.