Por: Redacción/

La gran falta de esta administración es la pérdida de gobernabilidad, afirmó el senador Héctor Larios Córdova, al exponer la posición del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) durante la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con motivo de la Glosa del V Informe de Gobierno en materia de política interior y seguridad.

“Hoy en este país se secuestran camiones, se sacan de las vías a carros del ferrocarril para robarlos; tenemos un gravísimo problema de gobernabilidad. La gobernabilidad es un tema esencial para la competitividad y el crecimiento”, sostuvo.

La razón de ser de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo al funcionario federal, es la gobernabilidad; asegurar que en el país exista el conjunto de condiciones para ejercer la acción de gobierno y para que los ciudadanos hagan sus actividades cotidianas, señaló Larios Córdova.

La falta de gobernabilidad, insistió, sería motivo suficiente para quitarle todas las funciones de seguridad y regresar a la creación de una Secretaría de Seguridad Pública.

Larios Córdova dijo que el problema que los ciudadanos están padeciendo es la delincuencia común, cuyo combate, persecución y administración de la justicia corresponden a las autoridades locales; sin embargo, su crecimiento se ha esparcido por todo el país por razones atribuibles a las autoridades federales.

“Hubo un abandono de lo que eran los controles de confianza, ¿cuántos jefes policiacos estatales, cuántos procuradores hoy no acreditarían la prueba de control de confianza? ¿Lo aplicó acaso el anterior procurador de Nayarit, por ejemplo?”, cuestionó.

El senador panista hizo un reconocimiento de la disposición al diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero recordó que éste no nació durante la actual administración.

Durante los dos sexenios panistas, recordó, los funcionarios federales comparecían ante el Congreso mediante un formato mucho más democrático y equilibrado, en el que los legisladores tenían la última palabra, al intervenir nuevamente para replicar la postura oficial.

“Tenemos que encontrar mecanismos para hacer estos ejercicios democráticos. La democracia se lastima cuando existe la zalamería y el exceso de aplausos. Sí es bueno defender las políticas públicas, pero la zalamería impide que el Congreso pueda ejercer con eficacia su labor de contrapeso”, sostuvo.

Por su parte, la senadora Adriana Dávila Fernández señaló que actualmente México atraviesa por una de sus etapas más críticas de los últimos tiempos en materia de seguridad, provocada por la inacción y complacencia del Gobierno federal.

A cinco años de que el Senado de la República colaboró para concretar reformas fundamentales en materia impartición de justicia, seguridad pública y protección a los derechos humanos, se tienen resultados que nadie deseaba: un gobierno desesperado por la crisis de inseguridad generada por su inacción y complacencia, resultados magros en materia de seguridad y una sociedad que justificadamente no cree en sus autoridades por los altos índices de impunidad y corrupción, afirmó Dávila Fernández.

Además, lamentó, el Gobierno federal pretende minimizar a la corrupción como una de las causas de la inseguridad e impunidad y recordó que hace unas semanas el presidente Peña Nieto pretendía hacer una apología de los pobres resultados en materia de seguridad, reduciendo al absurdo el argumento real de que uno de los grandes males en este país es la corrupción, y decía: “si hay un choque aquí en la esquina: ah, fue la corrupción”.

“En efecto, señor secretario, la corrupción, esa que el Gobierno federal minimiza, en realidad es un mal que evita el combate efectivo de los delitos; transgrede y vulnera a la sociedad de muchas formas”, sostuvo.

Dávila Fernández, presidenta de la Comisión de Contra la Trata de Personas afirmó que existe también “gran simulación en el combate contra la trata de personas”, que se refleja mediante “adulaciones pagadas a una sola activista que tiene el monopolio de la crítica o del aplauso a los gobiernos”.

En ese sentido, pidió al funcionario federal investigar la entrega de apoyos de la Secretaría de Economía, del Fondo del Emprendedor del Gobierno del Distrito Federal, de la Casa de Moneda, del Fondo de Desarrollo Social e inmuebles otorgados por el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) otorgados a dos asociaciones civiles con los mismos dueños y representantes legales.

En su turno, el senador Víctor Hermosillo y Celada indicó que las cifras en materia de seguridad reprueban a la actual administración federal, como resultado de la corrupción y el contubernio entre el crimen organizado y autoridades.

Durante el sexenio anterior, dijo al funcionario federal, su partido se dedicó a criticar la participación de la Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico; hoy, aplauden la intervención del Ejército y la Marina.

Lo cierto es que el Gobierno federal no ha cambiado de estrategia para combatir el tráfico de estupefacientes, e incluso ha crecido durante esta administración, lamentó.

“Usted habla de la coordinación con los estados, pero los estados no tienen la responsabilidad del crimen organizado y de los estupefacientes, esa es una situación totalmente de la Federación; podrán coadyuvar en ciertas cosas, pero ellos no tienen esa responsabilidad, esa responsabilidad es del Gobierno federal”, expuso.

En otro tema, pidió al Secretario de Gobernación atender a los repatriados, ya que no existen centros del Gobierno federal que reciban a los mexicanos que son expulsados, principalmente de Estados Unidos.

“Si no fuera por la sociedad civil que ayuda con centros para los expulsados de Estados Unidos, éstos estarían totalmente desamparados; usted ha estado Mexicali y ha visitado esos centros y ninguno es del gobierno, es la sociedad”, sostuvo.