Por: Redacción

Al participar en el apartado denominado “Balance sobre el desarrollo de la jornada electoral del 4 de junio en varias entidades federativas del país”, Maricela Contreras Julián, diputada del GPPRD, hizo un recuento de la participación de la administración federal, estatales y municipales del Estado de México y de diversas acciones que van más allá de los límites legales, para que el PRI conservara a toda costa el gobierno de dicha entidad y advirtió que la calidad de la democracia está en duda y la gobernabilidad en juego.

Recordó que desde el año pasado, el PRD denunció la presencia de secretarios y subsecretarios de diversas secretarías de Estado, que acompañaban a Eruviel Ávila o a miembros de su gabinete en diversos actos, que más allá de presentar una acción de gobierno, fungía como estrategia electoral para repartir dádivas entre la población para consolidar el electorado del PRI, por instrucciones directas de Enrique Peña Nieto.

El periódico Reforma, documentó varios hechos de este tipo y denunció la entrega de despensas de Diconsa y 6 mil tarjetas electrónicas “La efectiva” –como parte de un programa denominado “Mujeres que logran en grande”- con un saldo de 2 mil 750 pesos en cada una, así como 12 millones de pesos en monederos electrónicos de Banorte, a cambio de una copia de su credencial de elector, a pesar de que las reglas de operación del programa prohíben que sean entregadas en actos masivos y por funcionarios ajenos a la dependencia.

También se denunció la entrega de teléfonos celulares a 200 mil estudiantes y un millón de tarjetas para estudios clínicos del laboratorio El Chopo; así como tinacos, becas, estufas, cobertores, uniformes y créditos hipotecarios, en violación al artículo 134 de la Constitución; al 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y al artículo 465 del Código Electoral del Estado de México.

Por dichas violaciones, habría clara responsabilidad de Enrique Peña Nieto, presidente de la República; Eruviel Ávila Villegas, gobernador de la entidad; Francisco Guzmán Ortiz, jefe de la Oficina de la Presidencia y de Enrique Miranda Nava, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entre otros funcionarios involucrados.

“Lo sucedido en el Estado de México es lo más vistoso, pero esto también sucedió en Coahuila, encabezado por los cuestionables hermanos Moreira. Estos hechos ofenden a la ciudadanía mexiquense y al país, en su conjunto, ya que se violaron sus derechos políticos elementales de participar en un proceso electoral transparente y democrático. El PRD considera que el conjunto de irregularidades e inconsistencias que nos presentan los resultados preliminares, deben ser limpiadas por las autoridades electorales”, argumentó la legisladora.