Por: Roberto Barco Celis/

“La prohibición de ciertos estupefacientes por parte del poder público es ya, desde cualquier punto de vista, insostenible”, así lo señala el punto cinco de los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) del Gobierno de la República, que publicó este jueves el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Dicho decreto tiene cómo objetivo central salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, además de contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.

El punto cinco del documento que habla de una reformulación en el combate a las drogas, indica que el modelo prohibicionista criminaliza de manera inevitable a los consumidores, en la medida en que los empuja a la marginalidad social, los deja a merced de los vendedores, los impulsa a incorporarse al narcotráfico como sujetos activos, a delinquir para satisfacer su consumo de estupefacientes y los condena al uso de sustancias carentes de todo control de producción y de calidad agravando los problemas de salud.

Asimismo, sostiene que prohibición es ineficaz desde el punto de vista de la salud pública, y hace una referencia a la prohibición del alcohol en Estados Unidos el siglo pasado en los años 20’s, diciendo que no tuvo una incidencia apreciable en el fenómeno del alcoholismo.

Desde la llamada “Guerra contra el narco” que se inició con el “Operativo Michoacán” en el sexenio de Felipe Calderón, hasta la actual administración se han registrado cerca de 240 mil muertes. Es así que la ENSP sostiene que dicha guerra contra las drogas “ha escalado el problema de salud pública que representan sin duda las sustancias prohibidas hasta convertirlo en un asunto de seguridad pública, en el fortalecimiento imparable de los grupos delictivos dedicados a la producción y el trasiego de estupefacientes, en una violencia ya intolerable y en un problema de seguridad nacional”.

El ENSP dice que el modelo prohibicionista criminaliza de manera inevitable a los consumidores, en la medida en que los empuja a la marginalidad social, los deja a merced de los vendedores, los impulsa a incorporarse al narcotráfico como sujetos activos, a delinquir para satisfacer su consumo de estupefacientes y los condena al uso de sustancias carentes de todo control de producción y de calidad agravando los problemas de salud.

En su parte medular, el documento habla de que el Estado renuncie a combatir las adicciones mediante las sustancias que las generan, y buscará optar por mantener bajo control a quienes ya las padecen mediante un seguimiento clínico, ya que las personas con algún tipo de adicción ven enormemente limitadas sus probabilidades de reinserción y rehabilitación.

Ya como un problema de salud pública, a las personas que sufren de una adicción se les trataría en dos faces, la primera con el suministro de dosis con prescripción; y en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados.

En su relación con Estados Unidos el ENSP, puntualiza que hay una necesidad de cambiar de enfoque y la única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas residen en reorientar de manera negociada y bilateral los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas masivos, pero personalizados de reinserción y desintoxicación.

A su vez, plantea la idea de levantar la prohibición de algunas de algunas drogas que actualmente son ilícitas y tiene implicaciones internacionales insoslayables, pues el negocio principal del narcotráfico no reside en traficar con estupefacientes sino en burlar la prohibición correspondiente, pues ésta representa diversas oportunidades para agregar valor a sus productos, muy por encima de los costos reales de cultivo/producción, transporte y comercialización.