Por: Redacción/

México y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) son un referente para Latinoamérica, al sentar los precedentes para la apertura de la información en materia de violaciones graves a derechos humanos, afirmó Gregory Michener, Profesor-Investigador de la Escuela Brasileña de Administración Pública de la Fundación Getulio Vargas, durante la primera jornada de la Semana Nacional de Transparencia 2019.

En el panel “Experiencias internacionales en acceso a la información como derecho humano”, moderado por la Comisionada del INAI, María Patricia Kurczyn Villalobos, Gregory Michener subrayó que “México ha servido como referente en la región.

Varios países, incluyendo a Brasil, ha adoptado la política de prohibir la reserva de información relativa a investigaciones sobre violaciones graves a los derechos humanos, y en mi natal Canadá los debates para dar facultades vinculantes a la Comisión de Información de Canadá en 2018, citaban con frecuencia a las facultades del INAI.

En su oportunidad, Cristopher Ballinas Valdés, de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que desde la Cancillería se está desarrollando una plataforma para dar a conocer el proceso de atención a las recomendaciones en materia de derechos humanos, lo anterior en sintonía con el espíritu de transparencia proactiva promovido por el INAI.

“Lo que estamos esperando es que para 2020 el Estado mexicano pueda dar cuenta de cómo atiende todas sus recomendaciones en materia de derechos humanos y que pueda dar cuenta de manera cabal qué es lo que hace cada una de las instituciones en los diferentes órdenes de gobierno para cumplir y con eso dotar de los mayores estándares a nivel internacional en materia de derechos humanos”, apuntó.

En ese sentido, Esperanza Zambrano, Subdirectora General de Reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España, destacó que la transparencia y el acceso a la información plantean una verdadera revolución en la política pública, pues son la vía para mejorar los servicios y la atención que reciben los ciudadanos.

“El lema de la Semana Nacional de Transparencia: solo rindiendo cuentas podemos mejorar, podemos saber dónde estamos fallando y podemos tener campos de mejora que nos permitan, como les digo, proporcionar una mejor prestación de los servicios públicos y garantizar el bienestar de nuestras sociedades” enfatizó.

Finalmente, Pansy Tlakula, Comisionada Presidente de la Autoridad Reguladora de la Información de Sudáfrica, señaló que el derecho al acceso a la información, como ya sabemos, es un derecho transversal, que es fundamental para el cumplimiento de los otros derechos.

“Al conmemorar esta Semana de la Transparencia, todos como activistas del derecho a saber debemos comprometernos a utilizar el acceso a la información para mejorar las condiciones económicas y sociales de los pobres y de los marginados y atacar la pobreza y la desigualdad en estos días en nuestros países”, afirmó.

Más tarde, en el panel “Métricas y resultados del ejercicio del derecho de acceso a la información en América Latina”, moderado por Joaquín González-Casanova, Director General de Asuntos Internacionales del INAI, especialistas coincidieron en la necesidad de contar con instrumentos de evaluación, a fin de mejorar el marco normativo y los mecanismos para ejercer este derecho humano. Jérôme Poussielgue, Jefe de la Sección de Cooperación de la Unión Europea, dijo que la medición permite modernizar políticas públicas, adaptar las leyes, definir protocolos e implementar proyectos, que propicien cambios en la vida de la población.

En especial, consideró necesario medir el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, de la Agenda 2030, relacionado con el acceso a la información, para conocer los resultados obtenidos. Liduvina Escobar, Comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública de El Salvador, enfatizó que un verdadero ejercicio de medición permite constatar la efectividad de la norma, su cumplimiento y, en su caso, detectar la necesidad de reformas o nuevas regulaciones.

“No nos sirve tener ejercicios de medición si no los enfocamos a mejorar nuestras condiciones para el ejercicio del derecho de acceso a la información”, advirtió. Mariana Gatti, Coordinadora de la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay, destacó la importancia de medir el ejercicio del derecho de acceso a la información, con el fin de trazar una hoja de ruta en la implementación de las leyes de transparencia, no solo en la región latinoamericana, “ya que en la RTA interesa consolidar este derecho en Iberoamérica”.

Wilson Alejandro Martínez Sánchez, Procurador Delegado para la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad de Colombia, dijo que su país cuenta con Ley de Acceso a la Información Pública, a partir de 2004, lo que representó, a través de un censo realizado en 2018, “identificar a 51 mil 270 sujetos obligados, distribuidos en 10 mil 514 entidades públicas”.