Por: Redacción/

Consolidar una legislación única en el país en materia de extinción de dominio, evitará discrecionalidad de los distintos congresos estatales para enfrentar, desde el aspecto financiero, a la delincuencia organizada en todas sus modalidades de comisión de delitos, aseguró el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Al presentar, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), una iniciativa que busca pasar de tener una administración eterna de bienes, “sin ton ni son”, a que se monetice lo que la delincuencia ha acumulado como ganancias, el coordinador parlamentario resaltó que esto representaría un gran cambio para el país.

“Es un cambio total en el enfoque a la extinción de dominio. Hasta hoy lo que se hace es: se aseguran los bienes y te cuesta administrarlos; y ahí están y ahí duran 3, 4 años o 5, lo que dure el juicio”, mencionó.

En cambio, con la propuesta del GPPRD, la monetización de los bienes asociados a las conductas delictivas evitará la carga financiera al Estado para administrarlos, con la visión de ser utilizados a favor de las víctimas del delito. “Por si sola, dicha carga financiera generará la necesidad de identificar los costos de administración, custodia y demás elementos que no se tienen previstos en los presupuestos específicos”, se especifica en la iniciativa que se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos del Senado de la República.

Junto a la y los integrantes de la fracción del PRD en la Cámara Alta, Leonor Noyola Cervantes, Juan Zepeda, Antonio García Conejo y Juan Manuel Fócil Pérez, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa destacó que muchos de los asuntos que no prosperan en la extinción de dominio tienen que ver con esto, y que difícilmente se resolverá, si no se hace desde la Constitución.

Además, dicha iniciativa se diferencia de otras en la materia, toda vez que incorpora nuevos delitos al catálogo previsto en la Carta Magna, tal es el caso de las personas que se dedican a la actividad ilícita de robar y adulterar combustible, conocidas como huachicoleras.

Lo anterior, en virtud de que dichos delitos se han incrementado en el país de manera exponencial, por lo que se propone la modificación al Artículo 22 Fracción 11 Constitucional, a fin de inhibir la comisión de éstos delitos, creando sanciones acordes al daño que ocasionan, pues de origen corresponde a la nación el dominio directo de los combustibles e hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, y dicha propiedad es inalienable e imprescriptible.

“Combatir el huachicol, me parece que será una de las tareas fundamentales para poder erradicar esta práctica”, mencionó el líder de la fracción parlamentaria.

La propuesta destaca también porque plantea incluir delitos graves cometidos por servidores públicos, como una necesidad de identificar en los ordenamientosrespectivos, los tipos penales conducentes que merezcan este procedimiento.

La iniciativa plantea que un tipo penal adicional debe ser el encubrimiento por receptación, vinculado al robo de vehículos, a quien después de la ejecución del delito de robo se encuentre en posesión de los bienes, siendo estas terceras personas las que mayor beneficio económico obtienen del robo de los mismos.

Asimismo, establecer la permisibilidad de venta anticipada y procedencia de la acción de extinción cuando dentro de los procedimientos penales se determine el procedimiento abreviado.

El GPPRD considera que debe haber una normatividad rectora en la materia, que contenga directrices generales a replicarse en las entidades federativas, de tal suerte que una modificación constitucional sería la llave para propiciar la armonización y estandarización que trascendiera hacia las acciones operativas en los estados.

Adicionalmente este nuevo paradigma jurídico también servirá para combatir aquellas conductas delictivas vinculadas al servicio público y que tanto lastiman a la sociedad en general.

Es así como mediante reglas claras para ejercer la acción de extinción podrá darse un giro radical en el combate contra la corrupción, conductas antisociales que resultan complejas eliminar dado la carencia de métodos de control que hacen que el servidor público mediante componendas con particulares, obtengan beneficios relacionados con su encargo, empleo o comisión.