• La organización Human Rights Firs informó que, entre el 29 de enero del 2019 a diciembre del 2020, se identificaron  mil 314 víctimas de secuestro, extorsión, agresiones sexuales y robos, vividas antes o después  de ponerles bajo esta política.

Por: Oscar Nogueda/

El Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI) llamó al gobierno mexicano a difundir la información necesaria para brindar apoyo humanitario  y garantizará la integridad física  a los más de 25 mil  solicitantes de  asilo, con casos abiertos en Estados Unidos,  retornadas a la frontera norte bajo el Protocolo “Quédate en México”.

El Departamento de Seguridad de Estados Unidos dio a conocer que el día de mañana comenzará el  programa para restaurar los procedimientos  migratorios seguros y ordenados de las personas retornadas a México.

“Las personas no deben tomar ninguna acción en estos momentos, y deben quedarse donde se encuentran en espera de nuevas instrucciones.  Pronto anunciaremos un proceso de registro virtual al que se podrá acceder desde cualquier lugar.  Una vez que se hayan registrado, se les dará información adicional a los individuos que califiquen sobre el lugar y la fecha en que se deben presentar.  Las personas no se deben acercar a la frontera hasta que se les instruya que deben hacerlo”, indicó el Departamento de Seguridad.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que estas acciones tienen el objetivo de reformar su política migratoria, sin embargo, sostuvieron que se mantienen las preocupaciones de capacidad en la frontera con México y las restricciones fronterizas. Por ello, aseguraron que los solicitantes de asilo deben esperar las indicaciones correspondientes.

“Este nuevo proceso aplica a individuos que fueron retornados a México bajo el programa MPP, y cuentan con casos pendientes ante la Oficina Ejecutiva para la Revisión Migratoria. Individuos fuera de los Estados Unidos que no fueron retornados a México bajo MPP, o que no cuentan con casos de migración activos ante la corte, no pueden participar en este programa y deberán esperar nuevas instrucciones.  De forma similar, aquellos individuos en los Estados Unidos con casos activos de MPP, recibirán instrucciones por separado en el futuro próximo”, precisó el Departamento de Seguridad.

A pesar de que las autoridades de Estados Unidos aseguraron que el proceso de registro virtual de los casos será una acción conjunta con organizaciones internacionales, civiles y el gobierno mexicano, la administración del Presidente de López Obrador no se ha posicionado sobre este tema.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que en México se protegen los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, y aunque el discurso institucional habla de una migración segura, para las más de 20 mil personas que aún se encuentran en nuestro país bajo “Quédate en México” esto no es una realidad”, señaló IMUMI.

En ese sentido, el Instituto subrayó que organizaciones civiles de los países han documentado secuestros, agresiones sexuales, robo y ataques violentos a las personas migrantes devueltas por este mecanismo. Aunado a ello, enfatizó que el gobierno mexicano no ha restituido el daño a las víctimas por estos delitos.

La organización Human Rights Firs informó que, entre el 29 de enero del 2019 a diciembre del 2020, se identificaron  mil 314 víctimas de secuestro, extorsión, agresiones sexuales y robos, vividas antes o después  de ponerles bajo esta política, además en todos los casos hubo participación de agentes de migración, policías federales y estatales, así como miembros del crimen organizado.

El 90 por ciento de las víctimas fueron mujeres y sus familias, y en un 10 por ciento hombres. Los estados con más delitos registrados fueron Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco y Ciudad de México.

“Mientras que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos la posibilidad de garantizar que las políticas migratorias y de asilo de México tengan una perspectiva de derechos humanos y de género, como resultado de un amparo promovido contra la participación del Estado mexicano en una política migratoria violatoria de derechos humanos y de nuestra Constitución”, manifestó IMUMI.