• Según la Secretaría de Gobernación (Segob) el 43 por ciento de la población privada de la libertad no tiene una sentencia.

Por: Oscar Nogueda/

La Secretaría de Gobernación (Segob) preparará un decreto presidencial para liberar a las personas privadas de la libertad, del fueron federal y que no hayan sido acusado por delitos graves, que tengan más de 10 años sin sentencia.

Para la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, existen muchas razones por las cuales las personas en prisión preventiva no cuentan con una sentencia, sin embrago, destacó que “no es posible que se tenga una dilación en la administración de justicia de tal manera que tengamos personas privadas sin sentencia”.

Según la Secretaría, el 43 por ciento de la población privada de la libertad no tiene una sentencia. Además, el 87 por ciento está acusado de algún delito del fuero común y 13 por ciento del fuero federal, por lo que solo el 8 por ciento de las personas sin sentencia están detenidas en un centro federal, mientras que el 92 por ciento en uno estatal.

Igualmente, este decreto contemplará la liberación de personas privadas de la libertad mayores de 75 años del fuero federal y que no hayan cometido algún delito grave. Para este sector, se contempla la opción de seguir se procedimiento en prisión domiciliaria.

También, se establece este beneficio a personas privadas de la libertad mayores de 65 años, del fuero federal, que no hayan cometido delitos graves y tenga alguna enfermedad crónico-degenerativa. Asimismo, se llevará a cabo un proceso simplificado con esta población y se instruirá a la Secretaría de Salud para que realice los diagnósticos médicos que se necesiten.

Aunado a ello, el decreto contemplará la excarcelación a personas privadas de la libertad que aleguen ser víctimas de tortura y que sea comprobado por el Protocolo Estambul. Las autoridades puntualizaron que estas liberaciones deberán ocurrir antes del 15 de septiembre de este año.

En ese sentido, las autoridades federales sostuvieron que esta administración no permitirá la tortita de personas y “menos para obtener una sentencia o en un penal”.

El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, subrayó que los agentes federales ya no realizan están prácticas, no obstante, mencionó que esta problemática está presente en la actuación de autoridades estatales y municipales, por lo que aseguró que se está trabajando para erradicar la tortura como una práctica común.

Asimismo, criticó la actuación del Poder Judicial en estos casos,así como su poco apego a los protocolos de ley, no deben tardar en resolver en los caso que el Protocolo Estambul da positivo. No obstante, enfatizó que “en los casos donde se acredita, no se castiga a los responsables”.

“Si queremos erradicar la tortura como una práctica regular no podemos quedar como medias tintas. Cualquier persona que haya sido objeto de tortura debe ser puesta en libertad y los torturadores deben ser castigados. Esta es una nueva política que está impulsando este gobierno”, declaró Encinas Rodríguez.

Por su parte, el Presidente López Obrador aseguró que la situación de personas privadas de la libertad sin sentencia y víctimas de tortura, se debe a una falta de recursos humanos y económicos, desatenciones, ineficiencia y burocratización de las autoridades judiciales.

Por ello, llamó al Poder Judicial Federal y estatales a atender esta situación. También, comentó que debe existir una mejor preparación en las defensorías públicas para que la protección de persona que no cuenten con los recursos para una defensa legal.

En cuanto al caso de Israel Vallarta, la Secretaria de Gobernación informó que se han brindado diversas opciones al imputado, sin embargo, no ha aceptado las propuestas de las autoridades federales.

Esta opción consta de hacer válido el incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Esto le otorgaría la absolución en una de las dos causas penales que tiene.

A pesar de ello, la defensa de Israel Vallarta presentó nueva pruebas documentales sobre el caso, lo cual “podría alargar el proceso hasta que sean desahogadas”.

Israel Vallarta permanece en prisión preventiva oficiosa, acusado de los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo y cartuchos. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó faltas al debido proceso y tortura durante su detención, por lo que Encinas Rodríguez enfatizó que el hecho de la tortura debe invalidar las pruebas obtenidas por este medio.

En el caso de Brenda Quevedo, la acusada señaló ser víctima de tortura en dos ocasiones, en el centro penitenciario de Santiaguito y en Islas Marías. Además, las autoridades judiciales han dilatado la realización del Protocolo Estambul, tomando como pretexto la pandemia.

Cabe destacar que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, en su resolución 45/2020, reconoció que Quevedo fue víctima de tortura y pidió una investigación independiente y su pronta liberación.

Ante esta situación, las autoridades federales llamaron a atender la resolución del organismo internacional y permitir la realización del protocolo. Además, apuntaron que está pendiente su adscripción al Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Actualmente, Brenda Quevedo se encuentra detenida en el centro penitenciario femenil de Morelos y se encuentra acusada de delincuencia organizada y tortura.

“En estos dos casos la tortura y las violaciones a derechos humanos está demostradas plenamente, con la prolongación innecesaria del proceso por una parte, los jueces tienen elementos para probar las violaciones al debido proceso, para darle valor probatorio”, sostuvo Sánchez Cordero.

En otros temas, el Presidente López Obrador celebró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya elevado sus perspectivas de crecimiento económico para México, por lo que confía en que el PIB incrementará 6.3 por ciento.

“Ayer el FMI dio a conocer de que aumenta su pronóstico de crecimiento para México. Es importante el dato porque es el Fondo, no creo que no esté en ningún periódico. Es normal que haya estos cuestionamientos, es parte de la democracia, de la libertad”, expuso AMLO.

Por último, el mandatario asignó nuevas responsabilidades a la Secretaría de la Función Pública (SFP), tales como las compras consolidadas del gobierno y la fiscalización de instituciones federales.