Por: Montserrat Sánchez Maldonado

Ángel García Yáñez, integrante de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, y miembro del Partido Político Nueva Alianza, denunció que en el  país, el 50% de la madera que se comercializa es ilegal, es decir, se extrae sin contar con la autorización para el aprovechamiento de recursos forestales que exige la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Con base en esto, el funcionario propuso reformar el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de que en la adquisición de muebles y suministro de oficinas fabricados con madera, el Estado solicite a sus proveedores certificados registrados ante la Semarnat que garanticen su origen y manejo sustentable de los aprovechamientos forestales de donde proviene este material.

Asimismo, el legislador manifestó que con base en datos del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), el valor del mercado de madera ilegal en México es de aproximadamente 4 mil 200 millones de pesos al año, lo que representa una pérdida para la Federación de cerca de mil 300 millones de pesos anuales, equivalente a poco más de la mitad del presupuesto 2016 asignado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

García Yáñez comentó que “la comercialización clandestina de madera promueve un círculo vicioso de ingobernabilidad, ya que la corrupción y violación a las leyes debilita el Estado de Derecho y desestimula la inversión del negocio legal.

Este ilícito no sólo afecta a la economía del país, sino que contribuye directamente a la pérdida desequilibrada de los recursos forestales como la merma del hábitat de gran variedad de especies de fauna y flora, lo cual implica el riesgo de extinción de las mismas; la afectación de los mantos freáticos, y la reducción en la absorción de gases de efecto invernadero”.

Por otra parte, indicó que esta reforma también pretende que las adquisiciones de papel para uso de oficina tengan como mínimo 50% de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera o de materias primas provenientes de aprovechamientos forestales certificados.

Puntualizó que si el Estado pretende que sus decisiones de compra de madera no impacten negativamente al medio ambiente y a la sociedad, entonces deberá aumentar la calidad de sus criterios de adquisición sustentable y, con ello, garantizar la compra de producto maderable certificado no solamente en origen, sino a lo largo de toda la cadena hasta llegar al consumidor final.

Finalmente, reiteró que esta reforma obligará al Estado a comprar únicamente material nacional, lo cual asegurará la comercialización para los productores y proveedores de madera que actúan apegados a la ley y que se certifican, cuya competitividad se ve afectada en términos de precio, ya que la venta clandestina de este producto resulta más barata al no pagar impuestos, deprimiendo los precios de los productores legales.