Por: Redacción

El senador del Grupo Parlamentario del PRD, Armando Ríos Piter, dijo que la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) requiere de la participación ciudadana para supervisar el origen y destino de cada peso que es utilizado en el gasto público.

Afirmó durante el “Foro Sistema Nacional Anticorrupción”, que organizó el Instituto Belisario Domínguez (IBD), que el problema de corrupción en México es la base estructural de modelo clientelar de los partidos políticos con la sociedad. Por otra parte, son los recursos para obras públicas que benefician a empresas a través de contratos.

Javier Vargas Zempoaltecatl, encargado de despacho de la Secretaría de la Función Pública, señaló que se coordinan con la Auditoría Superior de la Federación, el Senado de la República, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las 32 entidades para implementar sus sistemas locales anticorrupción.

El contralor del Poder Judicial de la Federación, Marino Castillo, comentó que es necesario aprovechar la voluntad social para eliminar la corrupción porque depreda instituciones y afecta a la sociedad de manera tan grave que pone en riesgo su seguridad y la legitimación del Estado.

Por ello, dijo, “esta es la gran oportunidad donde la sociedad e instituciones deben poner todo el ánimo para sacar adelante y vencer el problema de la corrupción”.

A su vez, el director ejecutivo de Amnistía Internacional, Perseo Quiroz, subrayó que se tiene que ver el SNA con enfoque de derechos humanos y supervisar los recursos que se destina a cada tema, además de vigilar que los estándares sean adecuados para los nombramientos de quienes estarán al frente de los organismos del Sistema.

Mauricio Merino, de la Red por la Rendición de Cuentas, dijo que ya se escuchan voces de dirigentes de partidos que denuestan el Sistema Nacional Anticorrupción y lo tratan de tirar cuando ni siquiera ha comenzado a funcionar; los políticos, agregó, no son más que los principales agredidos de lo que puede venir una vez que este Sistema empiece a operar; y enfrentarlos es el mayor desafío.

Si pensamos que vamos a tener un Sistema con grandes aliados entre la clase política o contar con el aplauso de los grandes medios de comunicación nos vamos a equivocar, por ello, es necesario convocar a la sociedad y a la participación ciudadana en el combate a la corrupción, pues de lo contrario este nuevo mecanismo no funcionará, precisó.

No obstante, reconoció que –como en todo mecanismo nuevo– el Sistema fallará en la fase de implementación, ya que se trata de una etapa destinada a autocorregirse y cuidarse; por este motivo tiene que ser un periodo que no vaya con demasiadas promesas o con un encantamiento, porque entonces el desencanto vendrá demasiado aprisa.

Alfonso Pérez Daza, integrante del Consejo de la Judicatura Federal, explicó que el procedimiento para dar seguimiento a una denuncia de corrupción no se ha modificado durante muchos años, por lo que se tiene que reflexionar sobre qué instrumentos se les dará en materia administrativa a los que serán los encargados del combate a la corrupción.

Para Óscar Arredondo Pico, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, la participación ciudadana tiene que ser cada vez más profunda y vinculante, con el objetivo de que la sociedad pueda llamar al servidor público a rendir cuentas.

En tanto, Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana, alertó que si la Fiscalía General de la República queda mal constituida todos los temas como el de seguridad, derechos humanos y anticorrupción fracasarán, además de que el Fiscal será la persona más poderosa del país; si el diseño institucional no es el apropiado y no cumple con la tarea ya no tenemos otro as bajo la manga.