Por: Oscar Nogueda/

El Colectivo Seguridad Sin Guerra aseguró que el acuerdo presidencial en materia de seguridad pública, simula la regulación de las tareas de las Fuerzas Armadas (FA) en este ámbito hasta el 2024.

De acuerdo al Colectivo, el mandato presidencial no precisa el tiempo y el lugar geográfico del despliegue de las Fuerzas Armadas, no establece mecanismos de rendición de cuentas y no subordina a las FA ante una autoridad civil, por lo que se normaliza la militarización de la seguridad pública sin control y fuera del mandato constitucional.

Seguridad Sin Guerra estableció que “la Guardia Nacional es una etiqueta para disfrazar a las Fuerzas Armadas de cuerpos civiles”. Además, apuntó que dicho acuerdo es contrario al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó la subordinación de cualquier acción de la FA permanente a autoridades civiles.

Este acuerdo permite al Ejército y la Marina realizar detenciones, ejecutes ordenes de aprehensión, asegurar bienes, procesar escenas del crimen y realizar tareas de seguridad pública en fronteras, aduanas, aeropuertos, carreteras, parques nacionales y medios de transporte en general.

El segundo artículo de este acuerdo apunta que “La Fuerza Armada permanente, en el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública a que se refiere el presente acuerdo, realizará las funciones que se le asignen conforme a las atribuciones que prevén diversas fracciones del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional”.

Por ello, el Colectivo apuntó que se establece amplias facultades a las FA y no contempla una supervisión externa ante las detenciones o revisiones públicas de los marinos y soldados. Por el contrario, el acuerdo presidencial permite una supervisión interna, lo que es propia de la justicia militar.

También, sostiene que el Presidente no detalló las razones para utilizar a las FA en este ámbito, así como no informa sobre el estado de desarrollo de la Guardia Nacional.

Por último, Seguridad Sin Guerra sentenció que este mandato describe un mecanismo de coordinación vago entre las autoridades civiles y militares.