Por: Redacción

En las mesas de análisis del seminario “Transparencia Legislativa 2016. Hacia un Modelo de Parlamento Abierto”, la senadora Martha Tagle Martínez y especialistas se pronunciaron por el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la transparencia en el Poder Legislativo.

La senadora Martha Tagle Martínez, integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República, resaltó el papel de la sociedad civil en la construcción de un Parlamento Abierto, el cual debe contribuir al cambio de paradigmas e inclusive de la propia gestión pública.

En el seminario, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, participaron especialistas en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, comentó que el Sistema Nacional Anticorrupción cuenta con un marco normativo muy ambicioso, donde figura el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por lo que se tiene que definir muy bien cuál será su función dentro del entramado jurídico mexicano.

Por su parte, Óscar Guerra Ford, comisionado del INAI, indicó que durante 2016 se han hecho 933 solicitudes de información a la Cámara de Diputados, 57 al Senado de la República y 367 a la Auditoría Superior de la Federación, de las cuales 37 por ciento fueron realizadas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia. Señaló que los diputados interpusieron 19 recursos de revisión ante el INAI.

En su participación Francisco Javier Acuña Llamas, también comisionado del INAI, indicó la necesidad del gradualismo participativo como una forma de llegar a un Parlamento Abierto.

Posteriormente, Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, dijo que el pendiente más grande es dejar ya los pequeños proyectos y entrar de fondo a la transformación integral del Congreso.

Manifestó que un parlamento abierto es mucho más que transparencia legislativa, pues se tienen que combinar asuntos como el involucramiento cívico o espíritu de colaboración con la ciudadanía; aprovechar al máximo las tecnologías de la información para asegurar flujos de comunicación entre el Congreso y la sociedad, así como desmantelar lo que se ha construido del régimen político.

Jacqueline Peschard Mariscal, coordinadora del Seminario Universitario de Transparencia de la UNAM, refirió que en la aprobación de la Ley General de Transparencia, el Poder Legislativo se reservó “niveles de discrecionalidad” como el plazo de un año que se otorgó el mismo para lanzar un programa de reorganización administrativa en materia financiera y laboral; un periodo mayor que el que dio al resto de los sujetos obligados.