Por: Carolina Carrasco

A partir de los primeros minutos del día de hoy, y tras ocho años de proceso para llevar a cabo esta Reforma Constitucional, en presencia de la representación de los tres poderes de la Federación,  entró en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal a nivel nacional, que aseguran dará acceso a una justicia pronta, completa e imparcial.

Durante el evento a Reforma de Justicia Penal: un compromiso de Estado hecho realidad, Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que un cambio de esta magnitud obligaba a ver el panorama completo, pues requería de coordinación institucional para su total aplicación pues, de acuerdo con el secretario de Gobernación, “los grandes cambios  solo son posibles a partir de la acción conjunta, el compromiso colectivo y la unidad”

“Se trata de un cambio que requería claridad de propósitos y, sobre todo, claridad en el legado que significa para el país la transformación  histórica que hoy se esta logrando”. Puntualizó que este cambio es una gran oportunidad  de contar con un  sistema que actué de forma efectiva  y transparente para castigar a los culpables  y proteger a las victimas: “De eso se ha tratado esta transformación, de consolidar a México como un estado de derecho, y de derechos”.

Cabe destacar que esta reforma implicó la adecuación, modificación y construcción de infraestructura, capacitación a funcionarios, equipamiento de instituciones y establecimientos de nuevas formas de trabajo, reestructuración y creación de instituciones, todo de manera simultanea, a lo largo de estos ocho años.

Al hacer uso de la palabra, José de Jesus Zambrano , presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados , dijo que pese a que la Constitución de 1917 inauguró una etapa de esperanza para el país, el sistema de justicia que se había manejado desde entonces y hasta la fecha “entro en un punto crítico, sin lograr el ideal constitucional de una justicia rápida e integral”.

Aseguró que el Nuevo Sistema de Justicia es el de “la impartición de justicia del siglo XXI, imprescindible para modernizar y actualizar nuestro sistema jurídico y judicial”. Señaló que tiene metas concretas que podrían terminar con el sistema inquisitorio  que, hasta el día de ayer, estaba en uso.

Dijo que es evidente que la reforma deberá mostrar  una mejora continua y permanente como señal  de identidad del nuevo sistema, ya que las  personas no pueden esperar a que la administración se pongan de acuerdo en tecnicismos, o a que se justifique con un resultado ambiguo: ” Este sistema que entra tiene como filosofía ser más ágil y respetuoso de los derechos de la victima ofendida  o imputado en todas  las etapas del procedimiento”

Por su parte, Roberto Gil Zuarth resaltó que el nuevo modelo de justicia penal es mucho más exigente para las autoridades, que la anterior: “Es más exigente porque no da coartada la insuficiencia institucional a la ineficacia, a la falta de probidad o a la determinación de una autoridad por impartir justicia”.

“Ese es el nuevo reto que tiene el Estado Mexicano. El Estado Mexicano, porque es ésta una política auténticamente de Estado, que no conoce filiaciones partidarias ni origen ideológico; es una política de Estado creada con la intención de dar a nuestros ciudadanos la justicia pronta y expedita que requieren y que nos exigen.”

Durante su intervención, el Ministro Luis Maria Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseveró que se volvió y secreto a voces “y a veces de gritos desesperados” que el sistema de justicia anterior había dejado de cumplir solventemente con su misión, perdiéndose la confianza y la legitimidad en éste.

” Estamos hablando de una verdadera reforma de Estado. Hemos emprendido la renovación completa de uno de los brazos esenciales, tanto del derecho público como de la organización jurídica de cualquier sociedad “. Sin embargo, dijo que se haría mal en suponer que el proceso ha terminado ” Que engañoso sería decirles a los gobernados que el sistema de justicia ya está resolviendo todos sus problemas”

A los pocos minutos de la medianoche, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el diputado Jesus Zambrano, el senador Roberto Gil Zuarth y el ministro Luis María Aguilar Morales formaron el Acuerdo entre los tres Poderes de la Unión para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, y se dio por cancelado el sello del timbre postal 2016 Nuevo Sistema de Justicia Penal, por parte del mandatario mexicano. En punto de las 12 del 18 de junio del 2016 se realizó el malletazo simbólico de la conclusión de implementación de la Reforma de Justicia Penal.

Durante su discurso, Enrique Peña Nieto aseguró que ya no era posible superar los desafíos del Siglo XXI con leyes, mecanismos y procedimientos del siglo pasado, resaltando que ésta es la transformación jurídica más trascendente de los últimos 100 años.

“Para dimensionar este gran esfuerzo, basta señalar que en los últimos ocho años se han invertido más de 21 mil millones de pesos en la implementación de la reforma; 89 por ciento de los cuales se han ejercido en esta Administración”.  Dio a conocer que se realizó la capacitación de más de 400 mil operadores del sistema, y de más de 240 mil elementos de seguridad pública; se crearon y reformaron 21 leyes federales o nacionales, y se modificaron más de 350 leyes locales, las cuales también aplica para la justicia militar, a partir de la reforma al Código Militar de Procedimientos Penales y las nuevas salas de justicia oral que se crearon con ese fin.

Expresó que los cambios estructurales que requiere México sólo pueden concretarse con una auténtica visión de Estado, yendo más allá de diferencias políticas, calendarios electorales y periodos de gobierno:  “En el Gobierno de la República tenemos la determinación de ajustar, donde haya que hacerlo y de cambiar lo que sea necesario, para que nuestras instituciones de seguridad y de procuración de justicia estén acordes con esta transformación.”