Por: Redacción

La iniciativa preferente del Ejecutivo federal en materia educativa, no servirá de mucho ante el grave problema que se avecina, si ocurre la deportación masiva de los llamados dreamers, expresó el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda Anguiano.

Declaró que no existen los espacios garantizados en el sistema educativo mexicano, de ahí que la propuesta aprobada en el Senado de la República, resultará inviable, ya que por mucho que se legalicen los documentos, la realidad es que la oferta educativa hasta ahora no cumple con las expectativas ni de los jóvenes deportados ni de los demandantes que viven en territorio nacional.

Sin duda, dijo el legislador perredista, habrá que darle oportunidades a los estudiantes que resulten expulsados de Estados Unidos, pero no será con medidas demagógicas como se podrá hacer frente a esta situación, sino con acciones presupuestales reales y eficaces.

Comentó que una vez que se aprobó en el Senado la iniciativa preferente y que pasará a la Cámara Baja para su revisión, en su calidad de diputado federal presentará una iniciativa para reformar el artículo transitorio relativo a la Reforma Educativa que establece a la educación media como obligatoria.

Lo anterior, subrayó, para que el Estado mexicano garantice desde este momento un espacio a los jóvenes que sean deportados, pero también aquellos que viven en México, pero que se les ha negado el acceso a la educación.

El diputado Alejandro Ojeda recordó que cada año son miles los aspirantes que son rechazados, frenándose de tajo sus sueños de tener una mejor perspectiva de futuro.

Consideró que adelantar la entrada en vigor de la obligatoriedad de le educación media superior, podría hacerse mediante trabajo administrativo y presupuestal del Ejecutivo Federal, pero lamentó la insensibilidad en el tema, de ahí la inviabilidad de la iniciativa.

Sostuvo que la educación se debe garantizar en las escuelas de educación media superior y superior en los planteles públicos, no en los privados, pues se trata de fortalecer la educación pública, gratuita y laica, “no darle un jugoso negocio a las escuelas privadas”, resaltó.

Reconoció el esfuerzo y el compromiso de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de ofrecer espacios y hasta becas a los jóvenes que resulten deportados de la Unión Americana, pero esta acción resulta también insuficiente, sino no es parte de una política pública comprometida con garantizar la educación para todos.