Por: Redacción

Respecto al enconado debate sobre el Ingreso Básico Universal (IBU) en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y en el que el PRI y el PAN argumentaron que se trata de un programa cuya implementación quebraría las finanzas de la capital, la diputada constituyente Cecilia Soto González afirmó que el derecho a un IBU ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como el derecho a un Mínimo Vital, que permita que toda persona tenga garantizadas sus necesidades económicas básicas; no se trata de un programa, sino de un derecho emergente que se satisface por iniciativas como la del IBU.

Recordó que en la Ciudad de México ya hay un antecedente exitoso, cuya base es el IBU: el Programa de Pensión Alimentaria para personas mayores de 68 años.

Las finanzas de la capital del país no sólo no quebraron por la implementación de este programa; sino que fue replicado exitosamente a nivel nacional por el gobierno federal.

“Esperemos que cuando el proyecto regrese de las comisiones de Derechos y de Desarrollo Sustentable se alcance un consenso, tanto por la sentencia de la SCJN a favor de ello, como porque el propio presidente Enrique Peña Nieto incluyó el concepto de Mínimo Vital en su argumentación de la Reforma Fiscal en 2013”, afirmó la diputada Soto González.

Explicó que el proyecto plantea que su instrumentación sea progresiva; es decir, que el ingreso no se daría inicialmente a los nueve millones de habitantes de la capital del país, sino que se extendería de los adultos mayores a los grupos más vulnerables, especialmente a los habitantes de la Ciudad de México que están en pobreza extrema.

El proyecto también prevé una ley que plantee la compactación de otros programas sociales, transparencia en el programa financiero que va a fondear el ingreso básico universal y algunos candados para que no genere una posible migración o abuso de este, entre otros.