Por: Redacción/

El Congreso Agrario Permanente a través de su Coordinador Nacional, José Luis González Aguilera, anunció que, debido a que es urgente atender las demandas de los productores del sector rural y a que a cuatro meses con 10 días del actual Gobierno Federal hay omisiones y discriminaciones en los programas sociales, se trabaja en la creación del Observatorio de Política Pública Social para dar seguimiento a los programas instrumentados en el medio rural así como a las iniciativas de ley que pretenden reformar el marco legal agrario.

En Conferencia de prensa con motivo del Aniversario Luctuoso del General Emiliano Zapata, el CAP además de informar que el próximo martes tiene previsto acudir a Palacio Nacional a hacer valer su interlocución con el Gobierno Federal y concretar una reunión de trabajo con el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, detalló que el Observatorio de Política Pública Social se formalizará en los próximos meses.

Detallaron, los integrantes de la máxima cúpula agraria del país que este nuevo organismo está abierto a las organizaciones sociales que deseen adherirse pues el único objetivo será evaluar el desempeño de la política agraria-agropecuaria del país y poder detectar incongruencias, posibles actos de corrupción gubernamental y supervisar la correcta aplicación de los recursos federales para cerrarle el paso al manipuleo político-electoral.

Además, José Luis González Aguilera, líder del CAP apoyado por los otros liderazgos aseguró que este Observatorio revisará y presentará acciones que fortalezcan al sector rural y en ese orden de ideas, el organismo opinó sobre el cambio de nombre que pretende hacer el Estado al apoyo económico denominado “Precios de Garantía por Precios de Estímulo”.

Sobre este tema, Raúl Pérez Bedolla, Secretario Técnico del CAP, emitió la postura oficial del Congreso al declarar que el Gobierno Federal le puede poner el nombre que desee “precios de buena onda, de buena fe o precios de dádiva, no nos pelearemos por el nombre, sino porque se les pague a los campesinos”.

Es más, anunció que ayer se llevó a cabo la negociación entre productores de maíz blanco de Sinaloa y autoridades de la Sader pues los primeros exigían 4 mil 500 pesos por tonelada de este grano. Sin embargo el titular de la Sader, Víctor Villalobos, les ofreció pasar de 3 mil 960 a 4 mil 150 pesos por tonelada así como ampliar la superficie productiva con lo cual se beneficiaron prácticamente la totalidad de maiceros de esa entidad.

En ese sentido, expuso el también dirigente de Alcano, que el incremento obtenido si bien no satisface, sí se demostró que el Gobierno Federal puede y debe negociar con las organizaciones de productores, tan es así que entre hoy y mañana se negociará con Agricultura, el precio objetivo del trigo en la zona productora del noroeste de Sonora.

Además, en las peticiones del CAP, donde estuvieron presentes los liderazgos que lo integran (UGOCM, UGOCP, CONSSUC, COUC, UCD, CAM, CCI, CCC y ALCNO) se exigió la reinstalación de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados pues no se tomó en cuenta la existencia de más de 32 mil ejidos y comunidades existentes en el país, espacio donde habitan más de 5.6 millones de ejidatarios, comuneros y posesionarios ni las distintas formas de Ia propiedad agraria que abarcan 198.5 millones de hectáreas.

También solicitaron la reintegración de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario a la estructura de la Secretaria de Desarrollo, Agrario, Territorialy Urbano (SEDATU); que esta dependencia recupere su vocación agraria y concentre el desarrollo agrario y el ordenamiento.

Además consideraron que la incorporación de los Tribunales Agrarios al Poder Judicial de la Federación es un error, porque los Tribunales Agrarios son tutelares de los derechos campesinos por lo que pidieron la aplicación de la justicia pronta y expedita.

Finalmente recordaron que las organizaciones campesinas “no podemos ser reducidas a meros intermediarios, nuestro trabajo merece ser reconocido por lo que pedimos ser consideradas como entidades de interés público para que, siguiendo los principios de rendición de cuentas y transparencia, podamos llevar a cabo nuestras actividades”.