Por: Redacción/

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón; a Jorge Luis Llaven Abarca, Fiscal General del estado; al Presidente Municipal de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez y a la Presidenta Municipal de San Cristóbal de las Casas, Jerónima Toledo Villalobos por el desplazamiento forzado de 971 personas de la etnia tzotzil y los actos violentos que provocaron la destitución de la, entonces, Presidenta Municipal de Chenalhó.

El 25 de mayo de 2016 fueron retenidos integrantes del Congreso de Chiapas por habitantes de Chenalhó para exigir la renuncia de la Presidenta Municipal, el mismo día presentó su renuncia. El día siguiente hubo un enfrentamiento armado en la toma de protesta del nuevo presidente municipal, en donde perdieron la vida dos personas.

Un total de 971 personas tzotziles abandonaron sus propiedades por amenazas, 274 apoyaban al nuevo presidente municipal, mientras tanto de 121 personas se desconoce su paradero. El 29 de mayo y 1 de junio de 2016 la CNDH solicitó medidas cautelares al Secretario del Gobierno de Chiapas, sin embargo, el 22 de febrero de 2017 un centenar de personas armadas tomaron La Casa de Cultura de Chenalhó, por lo que nuevamente tuvieron que huir las familias. El 1 de octubre del 2017 dejaron de recibir ayuda humanitaria de las autoridades.
Anteriormente, la Comisión Nacional presentó una recomendación al Gobierno de Chiapas por desplazamientos forzados y actos de violencia en Chenalhó y Chalchihuitán. En los dos municipio de Chiapas persisten los conflictos armados, que ocasión la muerte de los pobladores de dichas comunidades y la omisión de ayuda humanitaria de las autoridades.

La violación a los derechos de seguridad personal, a la liberta de circulación, residencia, propiedad y asistencia humana de la comunidad de Chenalhó llamó la atención de la CNDH, por lo que esta ha empezado una investigación.

Por lo tanto, la Comisión Nacional exhortó al Gobernador de Chiapas restaurar las condiciones de vida y medios de subsidio de las personas desplazadas, implementar un protocolo de seguridad para disminuir los índices de inseguridad y realizar un diagnóstico por el desplazamiento forzado en las comunidades.
Por su parte, se le pidió al Fiscal General del estado realizar las diligencias necesarias para las investigaciones de los hechos denunciados y se resuelva las responsabilidades por las acciones y omisiones que se cometieron.