Por: Redacción

La Diputada Maricela Contreras Julián declaró que el Grupo Parlamentario del PRD presentará una iniciativa para derogar las disposiciones jurídicas que incluyan la medida cautelar del arraigo por considerar que se trata de una figura que viola sistemáticamente los derechos humanos, además de contradictoria al principio constitucional de la presunción de inocencia.

“Tan solo en el sexenio anterior, alrededor de 8 mil personas fueron arraigadas bajo orden federal, lo que sin duda constituye un amplio universo de personas que sufrieron actos directos que atentan contra sus derechos fundamentales por parte de la autoridad”, expresó la integrante de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de la Unión.

La propuesta suscrita por los Senadores Dolor Padierna Luna e Isidro Pedraza Chávez, así como por los diputados Jesús Zambrano Grijalva, Francisco Martínez Neri y Maricela Contreras Julián, menciona que el recurso de arraigo es una atribución del Ministerio Público quien no cuenta con elementos objetivos para solicitarlo a la autoridad judicial quien tampoco cuenta con parámetros para otorgarlo o negarlo. Es una decisión discrecional con lo cual cualquier ciudadano puede ser privado de su libertad por 40 u 80 días, en los que se encuentran incomunicados, con lo que se dificulta demostrar su inocencia.

“Los arraigos se llevan a cabo en casas especialmente acondicionadas para esos fines y en las que no sabemos qué ocurre en su interior. Sin embargo, se presta para cometer todo tipo de torturas y presiones para que el arraigado reconozca la responsabilidad de un delito, lo que constituye un caldo de cultivo para la violación de los derechos humanos”, señala la propuesta.

Sin duda, señala Contreras Julián, la figura del arraigo ha sido un recurso muy recurrente del Gobierno Federal y algunos gobiernos locales que se ha justificado con la lucha contra el narcotráfico, “escudándose bajo el pretexto de proteger a la ciudadanía de la inseguridad, emprenden operativos en los que priva una grave discriminación contra ciertos ciudadanos en razón de su forma de vestir, de sus rasgos físicos o su propio domicilio, para quienes son solicitadas órdenes de arraigo ante una simple sospecha”.

No obstante todos los inconvenientes descritos, el arraigo no ha demostrado ser un apoyo para un proceso penal más justo y eficiente. En la mayoría de los casos, las personas arraigadas manifiestan que en el momento de la detención, no se les ha mostrado orden judicial alguna; contradiciendo nuestro sistema jurídico que se supone es garantista, vulnerando el principio de presunción de inocencia plasmado en la Constitución. Basta decir que tan sólo un 3 por ciento de las órdenes de arraigo derivan en sentencias condenatorias, de acuerdo al cálculo de las organizaciones defensoras de derechos humanos; por lo que se puede concluir que su aplicación de ninguna manera ha sido eficaz para la impartición de la justicia.

De acuerdo con las Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre México, emitidas en 2010, son recurrentes en el país diversas acciones gubernamentales manifiestas en legislación y políticas públicas que profundizan las condiciones estructurales que hacen posible la práctica de la tortura y la impunidad que le está asociada.

“Nuestra reflexión sostiene que no es aceptable la figura del arraigo en la Constitución, y en virtud de haber sido aprobada la Ley General contra la Tortura, llamamos a proponer su derogación y de esta forma evitar una esquizofrenia jurídica en nuestra legislación, pues no puede reconocer principios tan importantes como presunción de inocencia y por otro lado, contemple figuras que violan sistemáticamente los derechos humanos.