Por: Redacción/

La Diputación Permanente solicitó un informe por escrito sobre autorizaciones, inspecciones, fundamentos jurídicos y demás documentos relacionados a la construcción del edificio ubicado en Paseo de la Reforma 26, a fin de deslindar responsabilidades en la Delegación Cuauhtémoc.

El diputado Armando López Velarde Campa, del Partido Movimiento Ciudadano, expuso en tribuna que debido al seguimiento a obras irregulares que se llevan a cabo en la Ciudad de México, se detectó la construcción de dicho edificio dentro del perímetro “B” de la Zona de Monumentos Históricos, denominada “Centro Histórico de la Ciudad de México”.

Señaló que cuando se inició la obra, la delegación otorgó una Manifestación de Construcción “Tipo B”, la cual establece cuatro niveles y cuatro sótanos con uso de estacionamiento y comercios.

Dentro de dicho conjunto se considera a uno de ellos con valor artístico, declarado así por el Instituto Nacional de Bellas Artes, razón por la cual también el INAH y la SEDUVI autorizaron únicamente la fusión de predios y una obra de seis niveles con algunas restricciones.

En diciembre de 2014, el Instituto Nacional de Antropología e Historia emitió visto bueno para la fusión de predios y señaló que cualquier proyecto de intervención que se pretendiera realizar en ellos debería contar con la autorización del INAH por ubicarse en el Centro Histórico de la Ciudad de México, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 1980.

En desacato a esta indicación, en abril de 2016, se notificó del inicio de procedimiento administrativo para suspender la obra como resultado de la realización de trabajos no autorizados por el INAH, por lo que se interpusieron algunos amparos.

En julio del mismo año, se notificó la suspensión del juicio, el cual resultó favorable a los intereses del Instituto, dándose vista a la PGR, por lo que se abrió una carpeta de investigación en agosto de 2017.

Cabe mencionar que en 2015, la Delegación Cuauhtémoc otorgó Manifestación de Construcción “Tipo C”, que es la resolución considerada para la ampliación de obra, autorizándose 40 niveles y cuatro sótanos para uso comercial; sin embargo, dicho documento fue otorgado sin previa autorización del INAH, INBA y SEDUVI.
“No podemos permitir que levanten grandes construcciones sin contar con los permisos necesarios, maltratando la urbanidad de nuestra ciudad y acabando con nuestro patrimonio histórico”, dijo el legislador.

Al razonar su voto, el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera se adhirió a la propuesta, pero consideró que es necesario que se haga la investigación y el deslinde de responsabilidades.