• El Gobierno Federal ha cerrado los centros de reinserción de Islas Marías, Puente Grande, Sureste de Huimanguillo, Norte de Ciudad Juárez y Matamoros para hacer uso de los centros privados.

Por: Oscar Nogueda/

Organizaciones de la Sociedad Civil mencionaron que llamar a los Centros de Reinserción Social dirigidos por la iniciativa privada como “hoteles de lujo”desvía la atención de los abusos de derechos humanos que se realizan en estos penales cada día.

“Los centros penitenciarios no son hoteles de gran lujo, son mecanismos institucionales en los cuales miles de personas sufren atropellos graves a su dignidad humana, sin importar el presupuesto que se le destine”, dijeron las ONGS.

Las organizaciones reconocieron la decisión del gobierno federal para hacer público lo contratos con empresas privadas, los altos costos y la opacidad de los CPS generados por administraciones pasadas. Sin embargo, subrayaron que no se puede permitir los abusos cometidos en estos centros privados.

“Hasta este 2021, es decir, a 9 años de su privatización, mantenerlos activos ha representado un costo de 75 mil 661 millones de pesos. Para cumplir con los 11 años restantes comprometidos por el gobierno, restaría un pago de 190 mil 638 millones de pesos, es decir, un total general de 266 mil 300 millones de pesos por 20 años”, mencionaron las ONGS.

Debido a estos gastos, el Gobierno Federal ha cerrado los centros de reinserción de Islas Marías, Puente Grande, Sureste de Huimanguillo, Norte de Ciudad Juárez y Matamoros para hacer uso de los centros privados.

De acuerdo a Instituto de Defensoría Pública Federal (IFDP), los centros penitenciarios creados por la iniciativa privada son lo más violentos del Sistema Penitenciario de México, así como han incurrido en violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

“Mujeres a las que se les niega el acceso a cualquier tipo de servicio sanitario, restricciones de agua y obligación a beberla de los mingitorios, tortura a través de control de sonidos y luz, depravación de sueño, técnicas despersonalización y de sometimiento, entre otras cosas, se han revisado en amparos señalando más de uno de los CPS”, manifestaron las ONGS.

En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se identificó que en los centros privados existe una insuficiencia de personal de seguridad y custodia, deficiencia en los servicios de salud, no hay suficientes actividades de capacitación y no hay una vinculación de las personas privadas de la libertad con la sociedad.

“Todos estos rubros mencionados específicamente atienden a la reinserción social de las personas, la cual dentro de los CPS no parece ser importante, aunque ese sea el fin último del sistema penitenciario mexicano”, indicaron las ONGS.

Por ello, subrayaron la necesidad de que el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (MNPT) y la CNDH acceden a los centros para reunir información y emitir las recomendaciones necesarias. También, apuntaron que las autoridades deben atender las recomendaciones nacionales e internacionales en la materia.

“El Sub Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) en 2019, mostró los graves rezagos que se deben atender, así como el inequívoco señalamiento de la tortura como una práctica sistemática en las prisiones del país”, indicaron las ONGS.

Las organizaciones expresaron que se han realizado 3 mil 500 traslados de personas privadas de la libertad a estos centros para el uso de sus capacidad, no obstante, comentaron que los trasladó generan una situación de vulnerabilidad y afecta a los familiares de las personas privadas de la libertad.

“Los traslados, además de generar situaciones de extrema vulnerabilidad para abusos de derechos humanos, causan la transferencia de la pena a sus familiares: ellas y ellos son quienes seguido se ven afectados por los costos para hacer visitas, dar víveres o, en los peores casos, la desaparición, tortura y falta de información de la persona privada de libertad”, sostuvieron las ONGS.

Por último, reconocieron la intención de las autoridades de dar a conocer los contratos de estos centros, sin embargo, llamaron a no soslayar los abusos cometidos en los CPS.