Por: Fernando Nava

El Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, inició el desechamiento de 50 demandas de amparo contra el nuevo diseño de precios de gasolinas, por resultar “notoriamente improcedentes”.

Aclarando que el juicio de amparo no es la forma más responsable de responder ante ciertas políticas públicas, “pues sería tanto como sustituirse en la competencia de los Poderes Ejecutivo y Legislativo”.

Sustentando que “el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no otorga a los gobernados garantía individual alguna para exigir, a través del juicio de amparo que las autoridades adopten ciertas medidas, a fin de cumplir con los principios relativos”.

Anexando los artículos 25 y 28 al establecer que “no otorgan derechos a los gobernados, tutelables a través del juicio de amparo, para obligar a las autoridades a adoptar determinadas medidas”.

Por lo que delimitó que no sería jurídicamente factible, ordenar a las autoridades responsables que legislaran nuevamente en materia económica y de política pública, y “rediseñaran” un nuevo esquema de fijación de precios, porque además de que con ello se ocasionaría que se le diera a un posible fallo protector, efectos generales, contrarios al principio de relatividad que rige al juicio de amparo.