Por: Oscar Nogueda/

El Colectivo Seguridad Sin Guerra exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a impugnar  el acuerdo presidencial, que faculta  a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) antes de la fecha límite del 11 de junio.

“La CNDH no debe limitarse a señalar los riesgos que representa el acuerdo para los derechos fundamentales  y afirmar que observará  la aplicación del mismo. Tiene la facultad y la obligación de impugnar la norma ante la SCJN como lo ha hecho en el pasado, para que sea el máximo tribunal quien fije los parámetros para la desmilitarización  de la seguridad pública conforme a derecho”, señaló Seguridad Sin Guerra.

El Colectivo recordó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), organismos defensores de derechos humanos y la CNDH señalaron la falta de certeza jurídica del acuerdo presidencial y la ausencia de regulación de la participación de la Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública durante el resto  sexenio.

El 11 de mayo del 2020, el Presidente López Obrador emitió un acuerdo que faculta al Ejército y a la Marina participar en tareas de seguridad pública. A pesar de ello, organismos defensores de derecho humanos destacaron que el acuerdo no desarrolla los principios constitucionales e internacionales sobre la participación extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada complementaria de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública.

Al mismo tiempo, Seguridad Sin Guerra enfatizó que las manifestaciones recientes por abusos, detenciones y desapariciones provocados por la policía, son el resultado de un ciclo de violencia derivado de la “debilidad institucional de la policía y de la  implementación de políticas represivas del Estado”.

Aunado a ello, comentó  el acuerdo puede provocar nuevos abusos  a los ciudadanos e incumple la obligación de formar policías civiles profesionales. En ese sentido, apuntó que la formación de policías civiles  se ha abandonado y postergado, en la mayoría de las entidades federativas, en favor de un “modelo de seguridad centralizado y militar”.

“Para lograr la paz, es necesaria la construcción de policías civiles, la implementación de mecanismos de fiscalización claros y la desmilitarización  de la seguridad pública. Rechazamos el acuerdo militarista y urgimos a las instituciones a defender nuestros derechos y la posibilidad de construir la paz”, indicó Seguridad Sin Guerra.

El Colectivo  llamó al Congreso de la Unión a interponer las controversias constitucionales necesarias para  defender la reforma constitucional aprobada  y fungir como un contrapeso del Presidente. La fecha límite para interponer estas controversias es el 22 de junio.