Redacción

Sancionar con penas de prisión a las personas servidoras públicas que difundan de forma ilegal
imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres, o parte de ellos, que se encuentren
relacionados con una investigación penal, son propósitos de la iniciativa impulsada por la diputada
Luz Ma. Hernández Bermúdez (Morena), Lucia Ocaña Beltrán y Octavio Pérez Alvarado, madre y
padre del fallecido actor Octavio Augusto Pérez Ocaña, conocido por su papel de ‘Benito Rivers’.

En este sentido, la iniciativa de reformas al Código Penal del Estado de México plantea
sanciones de tres a siete años de prisión para las personas servidoras públicas del sector salud,
protección civil, seguridad pública, Fiscalía General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia, o
cualquier otro, que por su trabajo tengan acceso a la información de un hecho delictivo y las
difundan de forma indebida.

Las sanciones aplicarán cuando, por sí o interpósita persona, dichas personas difundan,
transmitan, publiquen, expongan, remitan, distribuyan, videograben, audiograben, filmen,
reproduzcan, comercialicen, oferten, intercambien o compartan imágenes, audios, videos
documentos, relacionados con objetos, indicios, evidencias, hallazgos, instrumentos vinculados a
un procedimiento penal o una investigación relacionados con un hecho delictivo.

Estas penas se incrementarán hasta una mitad, esto es hasta 10.5 años de cárcel, cuando
las víctimas sean mujeres, niñas, niños, adolescentes o alguna persona en situación de
vulnerabilidad, indica la iniciativa expuesta por la diputada Mónica Álvarez Nemer (Morena),
integrante de la Diputación Permanente, ante familiares del fallecido actor.

La iniciativa también plantea sanciones de dos a seis años cárcel en contra de quien
difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, fotografíe,
filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes relacionadas con
cadáveres de personas en menoscabo de la dignidad póstuma de quien fueran en vida o de sus
familiares, cuando no se trate de programas preventivos, educativos o informativos que diseñen e
impartan las instituciones públicas, privadas o sociales que tengan por objeto la educación.