Por: Redacción/

La coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, informó que su iniciativa para sancionar a encubridores de pederastas, en particular si son servidores públicos, se aprobó en la Comisión de Justicia, por lo que exhortó al Pleno de la Cámara de Diputados a hacer lo propio para frenar la impunidad de abusadores y así apoyar a las víctimas.

Mediante un comunicado, indicó que su propuesta de reforma al Código Penal Federal para tal propósito la presentó el pasado 31 de julio a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que la remitió a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.

Su propuesta, explicó, busca que un servidor público que haya encubierto al pederasta deberá ser sancionado con su destitución e inhabilitación por la mitad de la condena que se aplique y que esta sea imprescriptible.

La Comisión de Justicia concluyó que a los altos índices de impunidad de pederastas contribuyen en mucho el encubrimiento de ministerios y servidores públicos.

“Para revertir tal situación, por un lado, la sanción a pederastas debe ser imprescriptible, para que también se sancione con mayor severidad a los encubridores, pues a pesar de que en México desde 1950 hay frecuentes denuncias contra clérigos éstos no fueron sancionados, como el fundador de Los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel Degollado, debido a la protección de autoridades”, recordó.

La líder parlamentaria señaló que después de muchas décadas, el Vaticano reconoció las agresiones, abusos sexuales y pederastia de muchos de sus sacerdotes contra miles de niñas, niños y adolescentes en el mundo, por ello, en julio de 2013, la Organización de Naciones Unidas (ONU) le recomendó medidas preventivas y correctivas e incluso judiciales.

Recientemente el Papa Francisco promulgó una nueva legislación para prevenir y combatir los abusos contra infantes y adolescentes, mientras El Vaticano convocó a la creación de un tribunal para juzgar y sancionar a los jerarcas católicos encubridores de sacerdotes abusadores.

Juárez Piña consideró necesario que el Estado mexicano actúe para hacer valer el precepto constitucional del interés superior de la niñez, ya que muchos de sus funcionarios van en sentido contrario y menoscaban ese derecho al seguir encubriendo a pederastas, como sacerdotes de San Luis Potosí, Puebla, Ciudad de México y Oaxaca.

Refirió que de acuerdo con el vigente artículo 209 Bis del Código Penal Federal, inscrito en el Capítulo VIII, referente al delito de Pederastia, debe aplicarse de nueve a 18 años de prisión a quien lo comete.