Por: Redacción/

El atentado contra el líder estatal del Partido Encuentro Social (PES), Vicente Onofre, en el municipio de Chalco evidencia que las autoridades de todos los niveles de gobierno, pero particularmente las federales, siguen sin atender el llamado del Congreso de la Unión en el sentido de garantizar la seguridad de todos los actores participantes en el actual proceso electoral, afirmó el diputado Omar Ortega Álvarez.

El coordinador de Proceso Legislativo y Jurídico del GPPRD en la Cámara de Diputados recordó que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó desde finales de enero pasado el exhorto que él y los diputados Olga Catalán Padilla y Rafael Hernández Soriano propusieron para que los tres niveles de gobierno se coordinaran para garantizar que el proceso electoral ser efectuase en un ambiente de paz y armonía.

A pesar de ese llamado, en días recientes fueron asesinados la comunicadora Pamika Montenegro; Francisco Rojas San Román, diputado federal con licencia y precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, y Maximino Montiel Peña, primo del presidente Peña, lo que evidenció que las autoridades siguen sin plan ni coordinación para atender el urgente llamado del Poder Legislativo.

Ahora se suscita este nuevo atentado en la persona de Vicente Onofre cuando transitaba sobre la carretera federal Chalco- Santa Catarina a la altura del poblado de Ayotzingo, en el municipio de Chalco, lo que pone de relieve la necesidad de insistir a las autoridades federales en que se pongan a trabajar para detener la ola de violencia, en general, y la violencia política, en particular, actualmente en curso.

Como en otros casos, Ortega Álvarez expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas al tiempo que exigió a las autoridades el pronto esclarecimiento de los hechos para dar con los responsables y ponerlos a disposición de la justicia, pero sobre todo insistió en que es necesario detener la ola de criminalidad e inseguridad prevaleciente en el país y que afecta a toda la población.

Alertó sobre la tentación en que podrían incurrir las autoridades para desatender a propósito el llamado del Congreso de la Unión, a no actuar, a dejar que esta creciente inseguridad se acreciente y a que se conjugue con un ambiente de descomposición política que sirviera de pretexto para aplicar lo más retrógrado y cuestionable de la Ley de Seguridad Interior.

En ese tenor, llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a no convalidar una ley cuestionable a nivel nacional e internacional en materia de Derechos Humanos y, por lo tanto, a invalidarla a la brevedad, conforme a sus facultades constitucionales.