Para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) garantizar los derechos políticos de las capitalinas, aún fuera de época electoral, debe ser una prioridad, aseguró la diputada Elizabeth Mateos Hernández luego de hacer un llamado a la pronta aprobación de la iniciativa que tipifica la violencia de género contra las mujeres.

En la víspera del 63 Aniversario del Voto de la Mujer en México, que se conmemora el 17 de octubre, la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo que para evitar actos u omisiones en contra de las mujeres durante campañas políticas, siendo electas o en ejercicio de sus funciones, en la Ciudad de México es necesario establecer una modalidad de delito para sancionarlos.

Mateos Hernández, impulsora de la iniciativa, dijo que el objetivo es que este tipo de violencia no suspenda, impida o restrinja el ejercicio del cargo que desempeñe cualquier mujer en la capital del país, y así proteger sus derechos políticos dentro o fuera de la época electoral.

“El compromiso es velar por el respeto de los derechos humanos, por la construcción de políticas públicas que logren la verdadera igualdad entre mujeres y hombres. Estamos convencidas de que ese es el camino hacia el empoderamiento y reconocimiento de la labor que en la vida política de México realizan muchas mujeres”, comentó.

La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la ALDF explicó que en la Ciudad de México, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales establece la obligación de promover la participación política en igualdad de condiciones y equidad entre mujeres y hombres.

Sin embargo, apuntó, este importante rubro aún no se refleja en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, pues no se encuentra catalogada o tipificada la modalidad de violencia política de género, por ello consideró urgente aprobar la iniciativa que presentó en marzo pasado.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el estudio “Violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos”, reveló las expresiones de acoso político, discriminación y violencia contra precandidatas y candidatas, entre las que destacan el mal uso del presupuesto de los partidos políticos para su capacitación o la simulación de elecciones primarias para eludir la cuota.

Elizabeth Mateos dijo que a pesar de que el Senado aprobó diversas reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para tipificar como delito la violencia política de género, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para fijar sanciones por la manipulación de la propaganda electoral o de los partidos con calumnias de violencia de género, aún falta mucho por hacer.

“Actualmente, la relación de la mujer con el poder es difícil. Pese a que sus derechos políticos son reconocidos por la Constitución, éstos siguen siendo una asignatura pendiente. Esta situación sólo se contrarrestará con medidas que eliminen su discriminación de la vida pública del país y que garanticen su igualdad de condiciones con los hombres”, apuntó.