Por Javier Divany Bárcenas

En 2014, los subejercicios en fondos y programas revisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ascendieron a 63 mil 607.2 millones de pesos, cifra que equivale, aproximadamente, al 50 por ciento del recorte presupuestal para este año, anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en febrero pasado.

Así lo precisó el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, ante diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que preside el legislador Luis Maldonado Venegas, durante el análisis del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, en el tema de fiscalización del Gasto Federalizado.

Portal Martínez destacó que los casos más graves de los subejercicios se dieron en los programas de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud, de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior y el de Escuelas de Tiempo Completo, así como en los fondos para Elevar la Calidad de la Educación Superior, de Cultura, de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, y para la Infraestructura Social Estatal.

La causa, falta de aplicación del principio de anualidad. Por ello, dijo, la reciente Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios posibilitará un mejor orden en las finanzas de los gobiernos locales, y establece disposiciones para que la regla de la anualidad sea cumplida a cabalidad.

Una limitante del esquema actual radica en que el dinero subejercido se devuelve a las cuentas de los fondos, que son manejadas por los estados. “Esto impide contar con las condiciones necesarias para propiciar una rendición de cuentas completa y efectiva en las entidades federativas; la solución es que los recursos regresen a la Tesorería de la Federación (Tesofe) y no a la cuenta de los fondos pertenecientes a los gobiernos estatales”.

Tal situación, agregó, significa que peso federal que no se utilice dentro del periodo fiscal y en los propósitos para los cuales fue aprobado, el mismo deberá reintegrarse a la Federación. Adelantó que a partir de este año, la ASF revisará la observancia de la referida Ley de Disciplina Financiera, de manera especial en lo que concierne al principio de anualidad.

El diputado Javier Guerrero García (PRI) preguntó por qué a pesar de una creciente acción de fiscalización en materia de gasto federalizado de la ASF, las faltas y observaciones se repiten y las irregularidades en el manejo de los recursos federales son las mismas a las de hace unos años, y cuáles son los impactos reales del trabajo de la ASF en la corrección y disminución de dichas auditorías.

Su compañera de bancada, legisladora María Esther Scherman Leaño, cuestionó si México, particularmente la ASF, se someterá este año a una auditoría voluntaria ante organismos internacionales para saber si sus acciones son correctas, e inquirió sobre el incremento de los recursos que la ASF destina a las ayudas sociales.

De Acción Nacional, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos calificó como inadmisible que cada año en esta Cámara se siga debatiendo el mismo problema de las entidades federativas y los municipios a partir de los resultados de fiscalización de la Cuenta Pública. Los resultados de la 2014, nos indican que “ya no es posible seguir manteniendo un modelo de corresponsabilidad fiscal entre Federación, estados y municipios, que a todas luces premia la ineficiencia en el gasto público local”.

Subrayó que el desvío de recursos para fines diferentes a los que establece la ley, por actos de omisión o corrupción, son una constante. Agregó que el daño a la hacienda pública de las observaciones a entidades y municipios ascendió a poco más de 30 mil millones de pesos. “Es momento de replantear el sistema de coordinación fiscal, establecer sanciones fuertes y más atribuciones a la ASF”.

Maricela Contreras Julián, legisladora del PRD, expresó que este informe revela que se tienen enormes retos para que el ejercicio de los recursos públicos sea eficaz y cumpla con su objetivo de mejorar la vida de quienes habitan en México, reducir la desigualdad y la pobreza; sin embargo, de esos datos se desprenden preocupaciones sobre la multiplicidad de facultades.

Preguntó si el principal problema de esta situación es la falta de ética en la función pública; si es necesario construir un sistema que considere lineamientos éticos y esquemas de profesionalización. Agregó que las entidades que presentan mayores irregularidades, son las que tuvieron o tendrán procesos electorales; por ello, inquirió si existe coordinación entre la ASF y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para detectar y denunciar estos hechos.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja (Morena) cuestionó por qué la Auditoría no reveló el nombre de la empresa beneficiaria del contrato APP del ISSSTE en el Informe Anual 2014 y cuáles han sido las acciones por la ASF ante las irregularidades detectadas en este contrato y qué funcionarios han sido denunciados por las anomalías.

En el tema de gasto federalizado, comentó que la Auditoría reportó que de las observaciones con mayor impacto económico pendientes de solventar por los estados, entre 2011 al cuarto trimestre de 2015, Veracruz sufre un quebranto de más de 45 mil 879 millones de pesos, por lo que se ubica como la tercera entidad más endeudada del país; por ello, cuestionó si es necesario eficientar la supervisión del gasto federalizado y qué propone para terminar con las recurrencia de irregularidades.

En tanto, la diputada Claudia Corichi García (Movimiento Ciudadano) señaló que el subejercicio es un asunto recurrente en la gestión del gasto federalizado, en la revisión de 2013 existían recursos no ejercidos por más de 26 mil millones de pesos y para 2014 llegó a 28 mil 500, es decir, cerca de dos millones más. Por ello, cuestionó qué impacto han tenido las solicitudes de aclaración emitidas por la ASF para contrarrestar esta tendencia, y qué sucede cuándo las entidades fiscalizadas no atienden esta solicitud.

Respecto al Seguro Popular, la ASF detectó una serie de irregularidades en la operación del programa, como recursos no devengados en el término del ejercicio, y preguntó qué consecuencias tiene el mal manejo y cuáles son las razones por las que presenta tantas deficiencias.

Por su parte, el diputado Francisco Javier Pinto Torres (Nueva Alianza) comentó que la reforma educativa ha traído beneficios, pero también problemas al propio sistema educativo, y uno de ellos son las escuelas de tiempo completo, donde existe un desfase. Recomendó hacer las observaciones correspondientes a esos gobiernos locales.

Asimismo, indicó que al transitar del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEBN) al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE), quedaron muchos detalles por resolver, principalmente en prestaciones salariales de los trabajadores; por lo que estimó que esos conceptos deben ser armonizados en los estados.

El diputado independiente, Manuel Jesús Clouthier Carrillo, señaló que el Índice de Desarrollo Municipal puede ser de gran utilidad para el Mando Único, por lo que pidió cruzar ambos conceptos y compartir esta información con las instituciones correspondientes.

Destacó la importancia del desarrollo municipal, y compartió la necesidad de implementar un programa nacional al respecto.

En su intervención, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, destacó que uno de los principales resultados de la fiscalización al gasto federalizado en la Cuenta Pública 2014 fue que el monto observado ascendió a 77 mil 380.6 millones de pesos (mdp), 5.3 por ciento mayor al de 2013. Lo integran 47 mil 62.8 mdp, del importe por aclarar y 30 mil 317.8 mdp, de recuperaciones determinadas.

Algunas de las problemáticas con mayor peso, en función del monto observado, fueron: recursos no devengados, no ejercidos o no reintegrados a la TESOFE, por 28 mil 508.7 millones de pesos; falta de documentación comprobatoria del gasto por 9 mil 306.1 mdp; recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de cada fondo o programa por 8 mil 389.6 mdp.

También, retenciones no enteradas a terceros institucionales por 5 mil 854.6 millones de pesos; recursos no entregados a los ejecutores e irregularidades y retrasos en la ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores por 5 mil 80.5 mdp; transferencias no justificadas de recursos a otras cuentas bancarias por 4 mil 653.6 mdp; pagos improcedentes o en exceso por 4 mil 568.9 mdp, y otros conceptos de irregularidad con un monto de 11 mil 18.6 mdp.

La ASF constató la problemática existente en materia de control interno al incorporar su evaluación como parte de las auditorías sobre gasto federalizado. En el caso de las entidades federativas, los resultados de la revisión de este concepto en la Cuenta Pública 2014 muestran que, de 287 auditorías en las que se evaluó el control interno, en el 7 por ciento éste fue satisfactorio; en el 74.2 por ciento regular y en el 18.8 por ciento deficiente.

Por su parte, en los municipios, de 390 auditorías realizadas en las que se evaluó el control interno, en el 20.8 por ciento este fue regular y en el 79.2 por ciento deficiente.