• Icela Rodríguez enfatizó que en Morelos, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco existe una mayor probabilidad de que los candidatos sean cooptados por el crimen organizado.

Por: Oscar Nogueda/

El Presidente López Obrador informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presentará un plan de protección a candidatos de cara a las elecciones del próximo 6 de julio, con el objetivo de que “sean los ciudadanos los que elijan, no la delincuencia”.

“Va a haber protección, se está hablando con gobernadores para que haya una acción conjunta de protección, sobre todo, a candidatos a presidentes municipales. La protección tiene que ser voluntaria, aceptada, porque no puede ser la intromisión a la fuerza a un proceso electoral”, señaló AMLO.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, apuntó que en las próximas elecciones se disputarán más de 21 mil cargos públicos en todo el país, por lo que las autoridades federales implementaron una mesa de trabajo para prevenir, evitar y sancionar la violencia política contra candidatos.

La Secretaria externó que, en el periodo de septiembre del 2020 a febrero del 2021, se han registrado 73 delitos relacionados con hechos políticos. Dentro de estos ilícitos, se identificaron 64 homicidios dolosos.

Asimismo, destacó que más de la mitad de estos hechos se concentran en Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.

Aunado a ello, Icela Rodríguez enfatizó que en Morelos, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco existe una mayor probabilidad de que los candidatos sean cooptados por el crimen organizado.

“A más de tres mes de la jornada electoral estamos trabajando para la prevención de estos delitos porque las organizaciones criminales buscan fortalecer su operación mediante la intimidación y su influencia política”, agregó Icela Rodríguez.

La titular de la SSPC comentó que el crimen organizado utiliza varios medios para intimidar a la clase política para mantener su influencia en ciertas regiones del país. Estos métodos van desde el asesinato de candidatos hasta la financiación de campañas y personal de seguridad.

“El objetivo es claro, detectar los riesgos y vulnerabilidades para prevenir y sancionar las acciones del partido del crimen y la delincuencia que asesina, coopta, secuestra y extorsiona aspirantes y servidores públicos, sobretodo a nivel municipal”, puntualizó Icela Rodríguez.

Icela Rodriguez expresó que el plan de protección establece que los candidatos electorales deben cumplir con los requisitos legales, creación de mesas de trabajo con autoridades federales, estatales y partidos políticos para identificar a candidatos con vínculos con el crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco.

“Estamos consultando con gobernadores, la aplicación de estas estrategias en sus entidades con énfasis en medidas de protección para candidatos amenazados. También, se reforzará la estrategia de seguridad en las entidades y municipios con alto riesgo”, agregó Icela Rodríguez.

Este plan, también, contempla la atención a candidatos amenazados con una carpeta de investigación en curso y determinación de niveles de riesgo. Al mismo tiempo, se implementará protocolos de protección territoriales de acuerdo a la incidencia delictiva, riesgo para las elecciones y violencia política de las entidades.

Por otro lado, el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, manifestó que se han realizado 852 obras de mejoramiento urbano, las cuales permitieron la creación de 300 mil empleos, 196 mil acciones de vivienda y 10 mil de regularización.

En otros temas, López Obrador no descartó una mala intención de los servidores públicos que participaron en la auditoría a la aeropuerto de Santa Lucía.

“Son equipos que vienen de atrás y que el auditor no revisó adecuadamente, no puedo asegurar que el actuó de mala fe, no descarto el que le hayan metido un gol, porque eso pasa, hay que estar viendo papeles para que no se cometan actos indebidos”, puntualizó AMLO.

Respecto al proceso contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el mandatario sostuvo que será respetuoso de este proceso, así como reiteró que su administración no fabricará delitos y no protegerá a ninguna persona.

En el caso de la mafia rumana, la Secretaria de Seguridad mencionó que el trato a Florian Tudor, jefe de la banda rumana, fue como el de cualquier ciudadano, ya que se escucharon sus alegatos y se le informó sobre su audiencia con la Unidad de Inteligencia Financiera. Cabe destacar que desconoció la existencia de una orden de aprensión contra el líder de la banda.

“Lo que hicimos es darle una audiencia para escuchar lo que el querÍa escuchar, al final después de que hizo sus alegatos, donde hay documentos, muchos de los cuales sn públicos, lo escuchamos y le dimos la fecha para la garantía de audiencia que tiene con la UIF”, expresó Icela Rodríguez.

Por último, el Infonavit alivió la deuda de 1.7 millones de trabajadores desde el 2019 a la fecha.