Por: Redacción 

Por unanimidad, el Senado de la República aprobó este jueves una reforma propuesta por la Cámara de Diputados para garantizar que el Estado mexicano proteja de manera efectiva a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

Los senadores aprobaron el dictamen que modifica el artículo 112 de la Ley de Migración con 86 votos; además realizaron algunas adecuaciones de redacción a la minuta de la colegisladora, con el propósito de dar mayor seguridad jurídica a los derechos humanos de los menores indocumentados.

Con ello, cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado o separado se encuentre a resguardo del Instituto Nacional de Migración (INM), éste deberá garantizar en todo momento el respeto a sus derechos humanos.

Además, el INM deberá canalizar de manera inmediata a los menores que se encuentren en esta condición, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los sistemas estatales o municipales DIF o de la Ciudad de México, según corresponda.

En esos lugares, precisa la reforma, se les proporcionará la protección y asistencia adecuadas en algunos de los albergues para la infancia, públicos o privados autorizados por el DIF, para su salvaguarda, mientras se resuelve su situación migratoria, se determina su interés superior y las medidas que mejor le convengan.

También se dará aviso de inmediato al consulado de su país de aquellas niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados que se encuentren en una estación migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema DIF nacional, estatal, municipal o de la Ciudad de México, que corresponda, y asignarles un espacio distinto al del alojamiento de los adultos.

De acuerdo con la propuesta, se informará a la niña, niño y adolescente de sus derechos dentro del procedimiento migratorio de los servicios a que tienen acceso.

Sobre el tema, la senadora Leticia Martínez Elizondo, del Grupo Parlamentario del PAN, destacó que este sector de la población “no tienen la protección adecuada en los hechos, ni en una legislación que no está armonizada con el interés superior de la niñez”.

Afirmó que “es responsabilidad del Estado mexicano responder por las necesidades de cualquier infante y, en el caso de los migrantes, acompañarlos en todo el procedimiento administrativo migratorio, lo que incluye su derecho a la libertad, al debido proceso y a la participación en la toma de decisiones respecto a su situación en el país”.

Estos menores, dijo, no deben ser presentados ante el Instituto Nacional de Migración, sino canalizados a las instancias de protección de la infancia, conforme dicta la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, es decir, no deben ser tratados con una carga punitiva, como sujetos que delinquen o amenazan la seguridad interna.

Luego de aprobar el proyecto se devolvió con modificaciones a la Cámara de Diputados para sus análisis y dictamen correspondiente.