Por: Redacción/

La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) consideró que regular el uso de la marihuana responde a necesidades sanitarias, de derecho al desarrollo libre de la personalidad y de justicia, pero sobre todo, de pacificación del país.

Sostuvo que el tema ya no es si se va a regular o no, sino cómo, pues éste es un hecho inevitable; y en ese sentido, dijo que debe enfocarse en tres sectores de la sociedad a las que el Estado debe garantizar el acceso a la sustancia de una forma segura, ordenada, legal y asequible.

“Se trata de los consumidores adultos, las personas que tienen algún padecimiento de salud crónica y en algunos casos degenerativo, y los campesinos productores de esta sustancia”, detalló en un comunicado.

Puntualizó que administraciones federales pasadas, desde el oficialismo, impulsaron políticas que sometían al consumidor final al rigor de policías corruptas y a la violencia del crimen, el cual cimentó sus negocios al amparo del poder y la impunidad, saturando las cárceles “de personas pobres que no tuvieron para dar la mordida y evitar la prisión”.

Villavicencio Ayala recordó que también durante gobiernos anteriores, se reformó el Código Penal para, presuntamente, evitar que los campesinos que se ven forzados a sembrar mariguana, no terminaran tras las rejas.

Sin embargo, aseveró, en los hechos, miles de campesinos son reclutados por la delincuencia para cultivar esta planta, victimizados por uniformados corruptos que “les cobran una cuota para no meterlos a la cárcel”.

“La mariguana es uno de los productos agrícolas con mayor valor comercial. Sin embargo, el campesino está en la miseria porque, entre el crimen organizado y la corrupción de la autoridad, siguen en un estado de indefensión”, asentó.

En tercer término, dijo, están las personas que requieren de la sustancia para tener una calidad de vida decente, que les permita realizar sus actividades sin dolor y en completo control de su cuerpo.

“En 2017, el Congreso aprobó el uso de la cannabis activa para fines médicos que incluía la importación, comercialización, investigación y producción de medicamentos derivados de la planta, pero no se ha concluido la regulación en términos administrativos, es decir, la expedición del reglamento derivado de la reforma que permitirá a miles de pacientes obtener alternativas terapéuticas”, agregó.

Este hueco legal impide que la industria farmacéutica y el sector salud nacional dispongan de medicamentos necesarios para garantizar el derecho a la salud de las personas que lo requieren, añadió.

Argumentó que, desde un enfoque económico, su regulación debe tener especial atención, de modo que prevalezca, ante todo, “el sentido humano y la justicia”.

Advirtió que, si el producto es caro y su regulación excesiva y compleja, habrá dos consecuencias: la corrupción se incentivará en los trámites y el mercado estará reservado sólo a quien tenga los suficientes recursos económicos.

La diputada de Morena refirió que hay una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, el Código Penal y la Ley de Desarrollo Rural, de modo que se abarquen todos los actores involucrados en el consumo de la mariguana, sin perjudicar sus derechos.