Por: Redacción/

La diputada Mónica Almeida López (PRD) propuso reformar el artículo 218 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y con ello mejorar y ampliar mecanismos de debate entre los candidatos a puestos de elección popular.

La intención, dijo la legisladora en un comunicado, es que los ciudadanos tengan más elementos de valoración e información sobre las propuestas de los candidatos.

Calificó como positiva la experiencia en México sobre este ejercicio para el contraste de ideas y propuestas entre aspirantes a ocupar los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, aun cuando sólo tengan 25 años de practicarse, frente a otras naciones con más de medio siglo organizándolos.

Consideró insuficiente la normatividad en cuanto a su difusión a través de los nuevos medios de comunicación masiva –como internet y las redes sociales–, que en el proceso electoral de 2018 tuvieron un papel muy relevante y deberían ser aprovechados en mayor medida, lo mismo que en radio y televisión.

Aseguró que en la normatividad sobre los debates, falta precisar atribuciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en cuanto a su organización y temas a tratar que, dijo, deben tender, entre otros objetivos, hacia la mejora de la gobernabilidad, seguridad pública, salud, movilidad, educación, innovación, obra pública, infraestructura, combate a la corrupción e impulso de la cultura, así como al desarrollo económico, empleo, salario, gasto público y medio ambiente, en resumen, al mejor desarrollo humano.

En los debates debe prohibirse la difamación entre candidatos. Para aspirantes a la Presidencia de la República planteó aumentar de dos a tres, y realizar dos entre aspirantes a diputados federales y senadores.

De aprobarse esta propuesta, se crearán más espacios para el diálogo democrático y los electores tendrán mayor acceso a las propuestas de los candidatos, que muchas veces son tergiversadas por la mercadotecnia y se alejan de las necesidades sociales.

Almeida López aclaró que, aunque los mítines y concentraciones de ciudadanos ante los cuales hablan los candidatos también contribuyen a su información, el alcance es limitado y muchas veces sólo sirven para que el candidato y su equipo sepan cuántos seguidores tienen y de qué tamaño es su fuerza política.

Los debates, en cambio, son el mejor generador de información en una campaña y tienen la ventaja de que, al transmitirse en diversos medios de comunicación masiva, son accesibles, lo que no acontece con los mítines, notas periodísticas ni con los breves “spots” en radio y televisión que no dan la información suficiente a los electores.

La iniciativa de la legisladora federal por Jalisco incluye hacer obligatoria la transmisión gratuita de los debates en las diversas plataformas de internet y redes sociales, además de su debida difusión en radio y televisión pública y privada en vivo para evitar ediciones o manipulaciones en la transmisión.

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Propone Mónica Almeida mejorar y ampliar debates en procesos electorales• Para candidatos a Presidencia de la República plantea aumentar de dos a tres, y realizar dos entre aspirantes a diputados federales y senadores • INE debe definir fechas, sedes, duración y temáticas de interés general, y prohibir actos de difamación entre candidatos

Palacio Legislativo, 24-12-2019 (Notilegis).- La diputada Mónica Almeida López (PRD) propuso reformar el artículo 218 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y con ello mejorar y ampliar mecanismos de debate entre los candidatos a puestos de elección popular.

La intención, dijo la legisladora en un comunicado, es que los ciudadanos tengan más elementos de valoración e información sobre las propuestas de los candidatos.

Calificó como positiva la experiencia en México sobre este ejercicio para el contraste de ideas y propuestas entre aspirantes a ocupar los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, aun cuando sólo tengan 25 años de practicarse, frente a otras naciones con más de medio siglo organizándolos.

Consideró insuficiente la normatividad en cuanto a su difusión a través de los nuevos medios de comunicación masiva –como internet y las redes sociales–, que en el proceso electoral de 2018 tuvieron un papel muy relevante y deberían ser aprovechados en mayor medida, lo mismo que en radio y televisión.

Aseguró que en la normatividad sobre los debates, falta precisar atribuciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en cuanto a su organización y temas a tratar que, dijo, deben tender, entre otros objetivos, hacia la mejora de la gobernabilidad, seguridad pública, salud, movilidad, educación, innovación, obra pública, infraestructura, combate a la corrupción e impulso de la cultura, así como al desarrollo económico, empleo, salario, gasto público y medio ambiente, en resumen, al mejor desarrollo humano.

En los debates debe prohibirse la difamación entre candidatos. Para aspirantes a la Presidencia de la República planteó aumentar de dos a tres, y realizar dos entre aspirantes a diputados federales y senadores.

De aprobarse esta propuesta, se crearán más espacios para el diálogo democrático y los electores tendrán mayor acceso a las propuestas de los candidatos, que muchas veces son tergiversadas por la mercadotecnia y se alejan de las necesidades sociales.

Almeida López aclaró que, aunque los mítines y concentraciones de ciudadanos ante los cuales hablan los candidatos también contribuyen a su información, el alcance es limitado y muchas veces sólo sirven para que el candidato y su equipo sepan cuántos seguidores tienen y de qué tamaño es su fuerza política.

Los debates, en cambio, son el mejor generador de información en una campaña y tienen la ventaja de que, al transmitirse en diversos medios de comunicación masiva, son accesibles, lo que no acontece con los mítines, notas periodísticas ni con los breves “spots” en radio y televisión que no dan la información suficiente a los electores.

La iniciativa de la legisladora federal por Jalisco incluye hacer obligatoria la transmisión gratuita de los debates en las diversas plataformas de internet y redes sociales, además de su debida difusión en radio y televisión pública y privada en vivo para evitar ediciones o manipulaciones en la transmisión.