Por: Redacción/

El Grupo Parlamentario del PRD presentará en la Cámara de Diputados una iniciativa para instalar una “Comisión de Científicos” que evalúe el papel del gobierno mexicano sobre el impacto económico, político y social del Covid-19 durante los próximos meses y años.

El diputado Antonio Ortega Martínez anunció lo anterior, y propuso al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), formar parte de esta Comisión, al señalar que dicho órgano tiene la enorme responsabilidad de medir los impactos adversos que dejará el Covid-19 sobre la población.

El legislador, junto con la diputada Mónica Almeida López (PRD), formó parte del encuentro donde el titular del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo, presentó el “Documento de Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2021”.

En la reunión, el diputado pidió a Cruz Marcelo información complementaria sobre la forma en que son distribuidos los programas de combate a la pobreza en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Sobre los nuevos programas sociales que el presidente ha instalado, el Coneval dice que el 47% de ellos no tiene claridad, no hay indicadores, ni reglas de operación ni de evaluación”, destacó.

Asimismo, el 50% de los principales y más caros programas no cumplieron con su obligación de presentar información después de un año puestos en marcha.

“Sobre el programa ‘Sembrando Vida’, el Coneval señala que apenas el 9.6% de los objetivos que se planteó, han sido atendidos, por lo qué, ¿bajo, que razón se autorizan 28.9 mil millones de pesos para el presupuesto del próximo año?”, cuestionó.

Hizo énfasis en el reclamo social respecto a la evaluación y valoración de la gestión de la crisis sanitaria; hizo notar el rol fundamental que tiene el Coneval frente a movimientos que se irán derivando.

Por su parte, la diputada Mónica Almeida consideró que la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de construir un nuevo modelo presupuestal para el ejercicio fiscal 2021; éste debe priorizar a las personas en condición de vulnerabilidad para garantizar sus derechos humanos y el mínimo vital.

Durante su participación en la reunión de trabajo con el director del Coneval, sostuvo que, de no tomar en cuenta estas necesidades para mitigar las afectaciones que provoca la crisis sanitaria y económica en la aprobación del PEF 2021, los diputados estarían incurriendo en corrupción, por no asegurar que los programas lleguen a la gente que realmente lo necesita.

Este tipo de programas no están dando resultados correctos, ya que no se entregan a la población que más lo necesita, de ahí la urgencia de un nuevo modelo presupuestal enfocado en las necesidades de cada estado y municipio.

Resaltó que dos de los derechos vitales son la alimentación y la vivienda digna, lo que genera seguridades a la vida. “Son dos de las prioridades que en este momento no se ven reflejadas en el presupuesto”.