Por: Redacción

La senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Angélica de la Peña Gómez, propuso una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, a efecto de erradicar la criminalización de las y los consumidores de mariguana.

Lo anterior, debido a que el paradigma prohibicionista actual coloca a los consumidores como delincuentes o enfermos, “tal estigmatización se ve agravada cuando pertenecen a las clases sociales con menos recursos”, expresó.

Por tal motivo, se propone que respecto al cultivo, procesamiento, distribución, transporte y venta al mayoreo de cannabis, sea la autoridad federal quien emita la normatividad correspondiente y defina las zonas donde se permitirá el consumo de la misma.

En ese sentido, el Estado asume el control del proceso completo de producción, distribución, puntos de venta y modalidades de consumo. Por tanto, deberá adquirir la totalidad de las cosechas por conducto de un solo intermediario y, por ende, le corresponde almacenar existencias que no se encuentren en poder de fabricantes de productos medicinales derivados de la cannabis.

Se establece la creación de los clubes de consumo recreativo, los cuales operaran bajo estrictas condiciones para el otorgamiento de sus respectivas licencias, las cuales incluyen restricciones de edad para el acceso, el número de socios, la prohibición a la venta de otras sustancias psicoactivas.

Asimismo, se plantea contar con instituciones que atiendan a personas que cometieron delitos para mantener o financiar su dependencia a las drogas o bajo la influencia de las mismas. Pero que no necesariamente hayan cometido delitos denominados graves.

Se establece un programa especializado de prevención para adolescentes, en el que autoridades federales y estatales se involucren en el mismo. Para tal efecto, se propone una cobertura universal de prevención sobre el consumo y un acceso universal de prevención de servicios de tratamiento.

También se propone modificar la tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal e inmediato, establecidos en la Ley General de Salud para que se establezcan criterios antropométricos sobre la cannabis y la cocaína, con la finalidad de evitar la discreción que se da en las dosis que están establecidas como mínimas.

Subrayó que la propuesta establece un catálogo mínimo de derechos de las personas consumidoras, el cual no existe en la legislación nacional, así como hacer compatible la Ley General de Salud con la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La legisladora dijo que el actual modelo constituye una restricción a los derechos humanos, también es consecuencia de los foros que el Senado de la República realizó con especialistas y expertos, “en el Congreso de la Unión hay que actuar a partir de distintas exigencias”

El documento se envió a las comisiones unidas de Justicia, de Salud, de Gobernación, de Seguridad Pública, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda.