• La diputadaIvonne Díaz señala que uno de los temas que más preocupan es el relativo a la puntualidad de las líneas áreas en México

Por: Redacción/

La diputada Ivonne Díaz Tejeda (PRI) solicitó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informar sobre el número y monto de las sanciones emitidas a los concesionarios de la industria aeronáutica que han infringido las disposiciones de horarios, tarifas y sobreventa de vuelos.

En un comunicado, informó de la presentación de un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar a la dependencia federal para que, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, detalle las acciones realizadas en materia de aviación y derechos de los pasajeros.

La diputada priista refirió que en junio de 2017 se publicaron las reformas a la Ley de Aviación Civil, en materia de derechos de los pasajeros, con la intención de protegerles de los abusos históricos cometidos por los concesionarios de la industria aeronáutica.

Expuso que, si bien con dichas reformas al marco jurídico se han logrado avances desde el Legislativo, uno de los temas que más preocupan en materia de competitividad aérea es el relativo al de la puntualidad con el que operan las diferentes líneas áreas en nuestro país.

La legisladora explicó que el cumplimiento de los horarios no sólo representa la responsabilidad y profesionalismo de los concesionarios, sino que también es una situación que busca cuidar el patrimonio de las familias mexicanas en un momento económicamente complejo, pues debido a las demoras, dijo, los usuarios pierden reservaciones, reuniones o citas que les generan gastos adicionales y pérdida de tiempo.

Díaz Tejeda señaló que la Agencia Federal de Aviación Civil tiene como misión el contar con un transporte aéreo seguro, eficiente y competitivo, que satisfaga las necesidades de la sociedad mexicana, proporcionando servicios de calidad y siendo un pilar para el desarrollo económico y social del país.

En ese sentido, insistió en que la dependencia federal debe informar las acciones realizadas para resguardar los derechos de los pasajeros.