Por: Redacción

En el marco de la sesión de la Comisión Permanente, la diputada federal del GPPRD, Maricela Contreras Julián –a nombre de su grupo parlamentario- respaldó el punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República (PGR), a brindar celeridad a las investigaciones relacionadas a las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Señaló que la PGR tiene que dar trámite a las denuncias y si son constitutivas de algún delito, se debe castigar a los culpables para evitar que haya más impunidad.

Subrayó que la ASF funciona como un control para evitar abusos en la utilización de los recursos públicos; sin embargo, la realidad no es alentadora y la inacción de las dependencias encargadas de aplicar la ley, hace que la labor de la auditoría se diluya.

Contreras Julián explicó que los resultados del análisis de las cuentas públicas hablan de las mismas malas prácticas, que se duplican y se repiten, lo que puede implicar la comisión de algún delito.

Denunció que no castigar la corrupción y el desvío de recursos alienta a un mal manejo de los recursos públicos: “¿de qué sirve el trabajo de la auditoría? Entrega año con año las cuentas públicas, se presentan denuncias y la PGR no hace nada”, dijo.

Afirmó que en México se vive una crisis institucional, ya que del número de denuncias que han prosperado a partir de los actos de corrupción documentados y presentados por la Auditoría Superior de la Federación, no corresponden con un compromiso real en contra de la impunidad y del abuso del poder.

“Son 19 años de la fiscalización y tan solo existen 19 consignaciones de funcionarios públicos, en contraste con las 741 denuncias presentadas por un monto de casi 42 mil millones de pesos; es decir, una sanción por año contra servidores que no son, precisamente, del más alto rango y son más bien chivos expiatorios”, aseveró la legisladora perredista.

Aseguró que hay una resistencia institucional que limita el avance de la rendición de cuentas, sanciones a los responsables y que niega la transparencia. Lo peor del caso es que se solapan ilícitos y se pretende sumir en la normalidad conductas a todas luces contrarias a un Estado democrático.

La legisladora criticó que el Senado haya incumplido con la obligación de nombrar al fiscal anticorrupción por cuestiones de carácter político.