Por: Redacción/

La diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI) señaló que el uso discrecional de recursos por parte del Ejecutivo federal a través de decretos, “una partida secreta”, será rechazada por su bancada en la Cámara de Diputados durante el análisis de la Ley Federal de Austeridad.

Lo anterior, al ser cuestionada sobre esta disposición contenida en la citada ley, la cual fue aprobada por los senadores este martes, en sesión extraordinaria, y devuelta a la Cámara de Diputados para su ratificación.

“En la Cámara de Diputados se analizarán los cambios realizados a la minuta y, seguramente, ésta será una de las modificaciones que se rechazarán”, indicó la diputada en declaraciones a la prensa, en el marco de la Comisión Permanente, que sesiona en el Senado de la República.

Subrayó que Morena podría imponerse en la Cámara baja; sin embargo, “eso no quita que haya recursos para impugnar las decisiones legislativas”.

“No solamente existe el recurso conocido de la inconstitucionalidad, sino también los amparos”, precisó.

Apuntó que el PRI esperará a que se concreten los hechos para decidir impugnar o no la ley, pero confió en que sea la racionalidad la que se imponga.

Recordó que en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se había eliminado toda “partida secreta”.

Dijo que en la Cámara de Diputados no se prevé un periodo extraordinario específicamente para desahogar este tema, pero “vamos a ver cuánta urgencia tiene Morena de complacer los deseos del Presidente”, concluyó.

Respecto de que los trabajadores del Estado no puedan contratarse en la iniciativa privada hasta pasados 10 años, disposición contenida en la citada ley, aseguró que es violatorio a los derechos humanos, a la libertad de trabajo y continuarán degradando el servicio público.

La legisladora indicó que esta disposición es “una parte fundamental del proceso de desinstitucionalización de la gestión pública que estamos viviendo, tiene que ver con el conjunto de requisitos para desempeñar la función pública”.

Abundó que “no solo es violatorio de los derechos de las personas garantizados en la Constitución, a la libertad de trabajo, sino también sería una razón para continuar con esta degradación del servicio público”

Aseveró que los trabajadores del Estado “se van a quedar sabiendo las cosas que conocen, con lo que pueden desempeñarse una vez que hayan concluido su función pública, no las va a poder desarrollar”.