• Las ONGs mencionaron que ha incrementado la población penitenciaria durante la pandemia del Covid-19, además  manifestaron su preocupación por las reformas constitucionales en materia de prisión preventiva.

Por: Oscar Nogueda/

A siete meses de la aprobación de la Ley de Amnistía, Organizaciones de la Sociedad Civil denunciaron obstáculos en la implementación de dicha ley, tales como la falta de información  sobre las acciones que ha realizado la Comisión de Amnistía.

Las organizaciones indicaron que no existe información sobre los lineamientos de las sesiones de la Comisión, el número de sesiones realizadas, así como el  de solicitudes recibidas y resueltas. Asimismo, destacaron que no hay ningún dato  sobre personas beneficiarias por esta Ley.

EQUIS Justicia para las Mujeres  pidió, a través de la solicitud de información 0210000142720, a la Presidencia de la República sobre los avances de la Ley de Amnistía, sin embargo, la Oficina de la Presidencia se declaró  incompetente para responder esta  solicitud y remitió la petición a la Secretaría de Gobernación.

“La Oficina de la Presidencia de la República no es competente para atender su solicitud  como se puede verificar en las atribuciones conferidas en el Reglamento  de la Oficina de la Presidencia de la República “, señaló la dependencia.

En el segundo informe del Presidente López Obrador subrayó el análisis y dictaminación de 956 expedientes de personas privadas de la libertad que buscan la obtención de la Amnistía, sin embargo, la Secretaria de Gobernación refirió el estudio de 765 solicitudes. Por ella, una  de las peticiones de EQUIS fue la aclaración de esta diferencia en los datos oficiales.

“Es indispensable garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, entre ellos: el derecho a la salud, a la vida, a la integridad, particularmente en el contexto de crisis sanitaria que estamos atravesando. Más si consideramos que, de acuerdo con el Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al  20 de octubre de 2020 había 2,635 personas encarceladas contagiadas de COVID-19 y 231 decesos”, indicaron las ONGS.

Ante esa situación, las ONGS mencionaron que ha incrementado la población penitenciaria durante la pandemia del Covid-19, además  manifestaron su preocupación por las reformas constitucionales en materia de prisión preventiva.

De acuerdo a Cuadernos Mensuales de Información Estadística Penitenciaria Nacional que genera el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), se contabilizaron 8 mil 66 personas privadas de la libertad entre enero y  junio, es decir aumentó en un 4 por ciento.

Por lo anterior, las organizaciones civiles solicitaron a las autoridades federales resolver cada una de las peticiones de amnistía, así como trasparentar las resoluciones de los dictámenes y las acciones realizadas por la Comisión de Amnistía. Por último,  llamaron a las autoridades publicar los criterios utilizados para resolver estos casos.