• El informe reveló que las demandas presentadas ante el Poder Judicial disminuyeron en un 44.81 por ciento, sin embargo, las violaciones a los derechos humanos se mantuvieron en el mismo nivel durante el 2019 y 2020.

Por: Oscar Nogueda/

Organizaciones de la Sociedad Civil  aseguraron que, durante la pandemia de la Covid-19, las medidas sanitarias implementadas en el Poder Judicial, tuvieron como consecuencia la restricción del derecho de acceso a la justicia. Esta limitación  dificultó que víctimas de derechos humanos, personas migrantes, privadas de su libertad y trabajadores de la salud iniciaran juicios de amparos, así como el cumplimiento de medidas de suspensión impuestas contras las autoridades gubernamentales.

Durante la presentación del informe “El acceso a la justicia en México durante la pandemia de COVID-19. Análisis sobre la actuación del Poder Judicial de la Federación”, las organizaciones informaron que  se mantienen las restricciones para una protección judicial sencilla, eficiente, sin complejidades ni tecnicismos excesivos, lo cual se agravó por la situación sanitaria.

“A esto llamamos la epidemia del desamparo, la cual afectó -al igual que en las otras caras de esta emergencia sanitaria- a las personas en mayor estado de vulnerabilidad, como aquellas que se encuentran en movilidad (migración), privadas de la libertad o en cualquier tipo de desventaja económica o sin acceso a medios digitales y tecnológicos”, indicaron las organizaciones.

El informe mostró que  el 10.3 por ciento de las demandas y 9.47 por ciento de las promociones legales presentadas, en el periodo de marzo 2020 y febrero 2021,  fueron realizadas por el servicio en línea del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

A pesar de ello, el  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) destacó que 5 de cada 10 hogares cuentan con internet y solo 4 de cada 10 tiene una computadora, por lo que las organizaciones atribuyeron los bajos porcentajes en la presentación de recursos en línea por la brecha digital que existe en el país.

Aunado a ello, el informe reveló que las demandas presentadas ante el Poder Judicial disminuyeron en un 44.81 por ciento, sin embargo, las violaciones a los derechos humanos se mantuvieron en el mismo nivel durante el 2019 y 2020, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Alejandra Macías, directora de Asylum Acces México, mencionó que los solicitantes de asilo se encuentran en desventaja para acceder a la justicia en el país, ya que las autoridades migratorias no garantizan este derecho ni el debido proceso en las estaciones migratorias,

“Están en desventaja para acceder a representación legal. En estaciones migratorias solo proporcionan a las organizaciones 20 minutos para explicar a las personas el procedimiento jurídico a seguir. Las personas viven en incertidumbre sobre qué va a pasar con sus procedimientos”, apuntó Alejandra Macías.

Las organizaciones identificaron ocho limitantes  para el acceso a la justicia vía digital, tales como el desconocimiento del uso de servicios en línea, limitantes técnicas para ingresar amparos y demandas, mayores requisitos que los solicitados de manera presencial, falta de claridad en la admisión de los recursos legales, expedientes electrónicos incompletos, inconsistencias en las fechas de acuerdos y promociones y dificultades para entablar una comunicación con los funcionarios de los juzgados.

Dentro de las peticiones de las organizaciones se encuentra la creación de un marco jurídico específico para la justicia digital, difusión de estos procesos, transparencia y acceso a la información, capacitaciones sobre el portal a integrantes del Poder Judicial y abogados, facilitar la firma electrónica necesaria, emitir las decisiones de los juzgadores y homologar las estimaciones de trámites calificados como urgentes dentro del contexto de la pandemia de la Covid-19.

“El acceso a la justicia va más allá del acceso a los tribunales, debemos responder a las necesidades de todas las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad”, finalizó Ana Saiz de Sin Fronteras IAP.