Por: Redacción

El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, debe ser inhabilitado para ocupar cualquier cargo público, tras la liquidación millonaria que él mismo se otorgó el día de su renuncia como Titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que se trata de un evidente acto de corrupción, porque además esa empresa procesó su salida como separación voluntaria, aseveró el diputado Rogerio Castro Vázquez.

En ese sentido, hizo responsable al priista no sólo de posibles actos de corrupción por esta supuesta indemnización, sino también de las acciones que han obligado a descuartizar el patrimonio que llevó décadas consolidar, así como de la mayor pérdida de la CFE que actualmente tiene un déficit de 93 mil millones de pesos.

“Exhortamos a la Auditoría Superior de la Federación a que investigue la legalidad del pago de su liquidación; a la Secretaría de la Función Pública a que investigue y castigue este acto de corrupción, incluyendo al propio Ochoa Reza con su inhabilitación para ocupar un cargo público”, puntualizó.

El integrante del Grupo Parlamentario de Morena precisó que Ochoa Reza presentó su renuncia al Presidente Enrique Peña Nieto el 8 de julio, en la que anunció su intención de participar en la contienda para elegir al máximo liderazgo del partido tricolor.

“Sin embargo, el mismo día, aún siendo titular de la CFE, firmó el dictamen de terminación de la relación laboral (…), por mutuo consentimiento, y que a solicitud de Ochoa se otorgaría el pago de liquidación y finiquito que establece el mayor beneficio económico a favor del servidor”, detalló.

A nombre de la diputada Rocío Nahle, Coordinadora de dicha bancada, el legislador yucateco presentó un Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, para que la Secretaría de la Función Pública determine la legalidad del más de un millón 200 mil pesos que Enrique Ochoa recibió el 24 de agosto en la Junta de Conciliación y Arbitraje.

Ante el pleno camaral, expresó que mientras Enrique Ochoa Reza fue beneficiado con una liquidación que no le correspondía por sólo dos años de laborar en la CFE, bajo el argumento de la empresa de que ha aplicado esta medida en los últimos 15 años a todos sus directores generales, a los trabajadores se les mide con una vara diferente.

“Para Morena los hechos denunciados son reprobables, toda vez que son un evidente acto de corrupción. La normatividad con la que opera la CFE no es aplicada con la misma rigurosidad, por ejemplo, con los trabajadores de Luz y Fuerza que estaban a un día de alcanzar su jubilación, según su contrato colectivo, y que el 11 de octubre del 2009 fueron presionados para renunciar a los logros laborales obtenidos durante décadas”.

El también Presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción señaló que el Manual de Trabajo para los servidores públicos de la CFE es muy claro, pues establece que si éstos dejan la empresa por separación voluntaria, las compensaciones sólo aplicarán después de tres años de servicio.

“El ahora dirigente nacional del PRI ni siquiera cumplía con el primer requisito establecido en la norma para tener derecho a pago alguno. El proceso de liquidación que él mismo realizó podría constituir un delito, toda vez que hay una contradicción entre la renuncia voluntaria que presentó y la liquidación que se otorgó como director de la empresa productiva del Estado”, recalcó.

Castro Vázquez resaltó que la CFE ha aplicado en automático bonos a los últimos cinco titulares, incluyendo a Ochoa Reza, lo que ha costado 5.2 millones de pesos al erario público, y que en todos los casos los funcionarios renunciaron voluntariamente y ni siquiera cumplieron tres años de gestión.