• El primer amparo establece que la legislación nacional no establece los mecanismos necesarios para que los efectivos de la GN sean de civiles, por lo que su actual composición la constitución mexicana y los criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Por: Oscar Nogueda/

México Unidos Contra la Delincuencia (MUCD) presentó tres amparos ante el Poder Judicial por la ausencia de elementos civiles en la Guardia Nacional, así como la ausencia de límites para el desempeño de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública.

Asimismo, la organización destacó que la militarización de la seguridad pública viola las leyes mexicanas y aumenta los riesgos de la población a sufrir violencia.

“Los elementos de la Guardia Nacional (GN) no son civiles y que los militares no tienen límites claros para realizar tareas de seguridad pública. Los casos demuestran que la militarización viola la ley y aumenta los riesgos de la población a sufrir violencia, y ofrecen una oportunidad para reorientar la estrategia de seguridad apostando por el fortalecimiento de policías y fiscalías”, detalló MUCD.

El primer amparo establece que la legislación nacional no establece los mecanismos necesarios para que los efectivos de la GN sean de civiles, por lo que su actual composición la constitución mexicana y los criterios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH).

“Su composición actual viola la Constitución, los tratados internacionales y los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es relevante debido a que, por ejemplo, la GN es responsable de prevenir el delito y los militares no saben cómo hacerlo”, señaló MUCD.

El segundo amparo de la organización manifestó que el acuerdo presidencial que permite a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública es contrario a las leyes mexicanas, ya que los límites de la actuación del Ejército y de la Marina deben ser establecidos por el Poder Legislativo. Además, el acuerdo presidencial no indica límites claros para su actuación en tareas de seguridad pública.

“La obligación de establecer límites claros a la participación del ejército en estas tareas es del Congreso de la Unión, no del ejecutivo, y porque el acuerdo publicado no controla efectivamente su actuar. Sin estos límites, las Fuerzas Armadas pueden cometer abusos y arbitrariedades impunemente, así como negarnos información pública sobre sus acciones”, agregó MUCD.

El último recurso jurídico señaló la omisión del Congreso de la Unión para una regulación extraordinaria, fiscalizada, subordinada y complementaria de la participación de los militares en las actividades de seguridad pública. Estos criterios fueron ordenados por la CoIDH y por la reforma constitucional de la Guardia Nacional.

Por último, MUCD subrayó la necesidad de destinar recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la profesionalización de las policías y fiscalías en el corto plazo.