Por: Redacción/

Los migrantes y los refugiados están siendo sometidos a “horrores inimaginables” desde el momento en que ingresan a Libia, durante su estadía en el país y, si es que logran llegar tan lejos, durante sus intentos posteriores de cruzar el mar Mediterráneo.

Esa es la conclusión de un informe conjunto de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que abarca un periodo de 20 meses y detalla una terrible serie de violaciones y abusos a migrantes y refugiados a manos de funcionarios estatales, grupos armados y traficantes.

Entre las violaciones se registraron asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales en grupo, esclavitud, trabajo forzado y extorsión. Estos crímenes fueron denunciados al equipo investigador de la ONU por más de 1300 migrantes en Libia, en Nigeria y en Italia, y recopilados en el reporte que abarca el viaje de estas personas desde la frontera sur de Libia y a través del desierto hasta la corta norte del país.

“El clima de anarquía en Libia proporciona un terreno fértil para las actividades ilícitas como la trata de personas y el contrabando, y deja a los migrantes y refugiados a merced de innumerables depredadores que los ven como productos para ser explotados y extorsionados “, asegura el informe.

Los abusos a las mujeres
Según la UNSMIL, la abrumadora mayoría de las mujeres y adolescentes entrevistadas dijeron haber sido violadas por pandilleros o por traficantes.

Además, el personal de la ONU visitó once centros de detención donde recluyen a las mujeres migrantes y refugiadas y registró casos de abusos, entre ellos maltrato y violación, cometidos por los mismos guardias de seguridad.

Las detenidas son a menudo desnudadas y sometidas a registros corporales llevados a cabo u observados por hombres. Los investigadores aseguran que la falta de guardias mujeres exacerba el riesgo de abuso sexual y explotación.

“La situación es horrorosa”, declaró en un comunicado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Los devueltos a Libia
El informe también describe como los migrantes o refugiados que logran llegar a la costa para cruzar El Mediterráneo son interceptados por la Guardia Costera Libia, quien los traslada de nuevo a los centros de detención.

Alrededor de 29.000 migrantes han sido devueltos desde principios de 2017 y miles de ellos continúan detenidos indefinida y arbitrariamente, sin el debido proceso o acceso a abogados o servicios consulares.

El reporte concluye que Libia no puede ser considerado un país seguro para los migrantes rescatados o interceptados en el mar, dado los riesgos que corren de ser sometidos a violaciones de sus derechos humanos. También nota que la Unión Europea y sus Estados miembros han seguido implementando una política para impedir que alcancen las costas europeas, lo que estaría contribuyendo a atrapar en Libia a miles de personas desesperadas.

Además, el informe denuncia que a los migrantes detenidos no se les alimenta lo suficiente y son sistemáticamente sometidos a apaleamientos, quemados con objetos metálicos incandescentes, electrocutados y son víctimas de otras formas de maltrato con el objetivo de extorsionar a sus familias y solicitarles dinero a través de un complejo sistema de transferencias.

Los detenidos, entre ellos muchos niños, también sufren de malnutrición, infecciones en la piel, diarrea, infecciones respiratorias y otras dolencias, mientras el tratamiento médico es inadecuado y viven en condiciones de hacinamiento y “miserables”.

La situación de impunidad
El estudio sugiere la aparente “complicidad de algunos actores estatales -entre ellos funcionarios locales, miembros de los grupos armados integrados formalmente en las instituciones del Estado, y representantes del ministerio del Interior y del ministerio de Defensa- en el sistema de tráfico de migrantes y refugiados”.

“Existe un fracaso local e internacional para abordar la oculta desgracia humana que sigue ocurriendo en Libia”, dijo el representante especial del secretario general y jefe de la UNSMIL, Ghassan Salamé.

La investigación detalla que muchas personas están retenidas en centros extraoficiales e ilegales operados por grupos armados y bandas criminales. Estas personas son vendidas por un grupo criminal a otro y se les exige que paguen múltiples rescates. Además, muchos pierden la vida tras ser baleados, torturados hasta la muerte, dejados morir de hambre o por desatención médica.

En toda Libia se pueden encontrar cadáveres no identificados de migrantes y refugiados baleados, con marcas de tortura y quemaduras tirados en basureros, cauces de ríos, granjas o en el desierto, denuncia el texto.

“Si se abordase la impunidad generalizada no sólo se lograría acabar con el sufrimiento de decenas de miles de mujeres, hombres y niños migrantes y refugiados que solo buscan una vida mejor, sino que también se conseguiría socavar la economía ilícita paralela construida sobre el abuso de esas personas, y ayudaría a establecer la ley y el orden y las instituciones nacionales”, recalcó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.