Por: Redacción

“Se está privilegiando la presencia del Ejército en las calles y no la seguridad de las personas en la discusión de la Ley de Seguridad Interior, pareciera que el Congreso de la Unión está más interesado en darle sustento legal a la militarización del país que atender la violencia propagada en prácticamente todas las regiones, lo que resulta inaceptable”, acusó la diputada Maricela Contreras.

La legisladora denunció la completa ausencia de un enfoque de derechos en el proceso de discusión de los diversos proyectos que se han presentado para normar la participación del Ejército en labores de seguridad, a pesar de las acusaciones de violaciones graves a los derechos humanos en las que se han visto envueltos integrantes de las corporaciones militares.

“Es indispensable que se convoque a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la representación del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y expongan sus puntos de vista sobre esta legislación que se pretende aprobar”.

Recalcó que el Poder Legislativo no debe ser omiso en este aspecto, “particularmente cuando transitamos por la peor crisis del respeto a los derechos de las personas en nuestro país y tenemos el riesgo de que se agrave con la legalización del Ejército en las calles”.

Contreras Julián informó que enviará una carta al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Senador Pablo Escudero Morales, quien fue el convocante para iniciar la discusión y análisis de los proyectos de la Ley de Seguridad Interior, a efecto de que se invite al Presidente de la CNDH, al Secretario General de la CIDH, además del representante en México del ACNUDH y no se excluya esa visión de derechos en los trabajos legislativos, además de demandar la integración de las Comisiones de Derechos

Humanos del senado de la República y de la Cámara de Diputados en el proceso, “pues debe ponerse por encima a las personas de las instituciones”, recalcó.

La integrante de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, precisó que la prioridad para el PRD es el retiro programado de los elementos de las Fuerzas Armadas de México de labores de seguridad y en su lugar el Sistema Nacional de Seguridad Pública implemente medidas a cumplir de manera coordinada y efectiva en los gobiernos estatales y municipales la obligación constitucional de proporcionar seguridad pública a las y los ciudadanos, “debe pensarse en una desmilitarización del país de manera gradual con un fortalecimiento y saneamiento de los cuerpos policiacos”, aseguró la legisladora.

Según últimos informes del Secretario de la Defensa Nacional, el Ejército, cuenta con 45 mil elementos desplegados en todo el país en apoyo a la seguridad pública, realiza mil 500 operaciones diarias, “por lo que dadas las Recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU y las quejas acerca de violaciones a derechos humanos por parte de algunos elementos del ejército, considero que si bien habrá de reconocer a aquellos hombres y mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas que han hecho un buen trabajo brindando seguridad a la ciudadanía, pero es necesario y urgente que se presente un plan de desmilitarización para evitar más violaciones a derechos humanos”, finalizó Contreras Julián.